Los sindicatos aprovecharon ayer un encuentro con funcionarios en el Ministerio de Trabajo donde se discutió el futuro estatuto-escalafón para dejar planteada su postura. Allí exigieron que se abra la discusión salarial con los trabajadores de la administración pública, ya que anteayer comenzó la ronda negociadora con los maestros.

De todas maneras, dirigentes sindicales consultados anticiparon que si la Provincia ofrece un 7% de aumento como el que propuso a los docentes, será rechazado. "Es inaceptable desde todo punto de vista y da cuenta de una impotencia extraordinaria", disparó desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) Hugo Godoy, quien advirtió que en este marco podrían recrudecer los conflictos. "Si no aparecen los aportes de la Nación y si no se va a fondo en la reforma impositiva para obtener más recursos de los sectores que más tienen, va a estallar no sólo el conflicto por el salario, sino también el gobierno provincial no va a poder dar respuesta a las necesidades de la población", sostuvo.

La Provincia ofreció a los docentes una suba escalonada de 60 pesos que se aplicaría en dos cuotas de 30, el 1º de marzo y el 1º de agosto. La propuesta redondea un incremento del 7%. De esta manera, la suba ofertada llevaría el sueldo testigo a 870 pesos en marzo (el básico pasaría de 455 a 485 pesos) y a 900 en agosto (llegará a ese nivel con un adicional de 30 pesos no remunerativos).

Los maestros aspiran a un mínimo de 1.150 pesos y el ingreso al básico de 225 pesos que se cobran como sumas remunerativas. Por eso, rechazaron la propuesta oficial.

El gobierno provincial argumenta que está limitado presupuestariamente para atender las demandas salariales. Ocurre que tiene destinada para ese fin una partida de 600 millones de pesos y dentro de la negociación incluye el incremento de las asignaciones familiares que insumirán un gasto de 100 millones.

De acuerdo a lo indicado oficialmente, atender el planteo docente significaría desembolsar unos 2.000 millones de pesos, a los que habría que sumar otros 2.000 para el resto de los trabajadores de la administración pública.