Los ocho militares que están detenidos en la Base de Apoyo Logístico que el Ejército tiene en Resistencia son Athos Gustavo Renés, Aldo Martínez Segon, Rafael Carnero Sobol, Luis Alberto Pateta, Ernesto Jorge Simoni, Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes y Germán Emilio Riquelme. Permanece prófugo Norberto Tozzo, con pedido internacional de captura. También estaba involucrado en la causa, bajo prisión domiciliaria, Jorge Alcides Larrateguy, quien falleció en Buenos Aires.

Los policías chaqueños detenidos, en tanto, son José María Cardozo, José F. Rodríguez Valiente, Gabino Manader, Lucio Caballero y Ramón Gandola. Los tres primeros están alojados en la Unidad Especial de Bomberos, y los dos últimos, por su edad, recibieron el beneficio de estar recluidos en sus domicilios particulares. La lista, en su momento, incluyó también a los fallecidos Carlos Alcides Thomas (jefe de la temible Brigada de Investigaciones en los años más rabiosos de la represión ilegal) y Wenceslao Ceniquel (jefe de la Policía del Chaco en el mismo período).

La revisión judicial de las violaciones a los derechos humanos en el Chaco parecían marchar con buen impulso tras la ratificación de la competencia del juez Carlos Skidelsky en la causa más conocida, la de la matanza de Margarita Belén, pero el año pasado un fallo de una sala de la Cámara de Casación Penal puso una cuota de incertidumbre en ese proceso.

Se trata de una resolución por la cual los jueces de esa instancia anularon las prisiones preventivas de dos policías implicados en la causa sobre Margarita Belén, con lo cual recuperaron la libertad Carlos Marcelo Carballo y Alfredo Luis Chas.

En ese fallo los integrantes de la Casación anularon una resolución de la Cámara Federal de Resistencia que había ordenado mantener detenidos a Chas y Carballo, quienes están acusados de haber sido parte del grupo de militares y policías que trasladaron a los presos políticos que fueron fusilados en la madrugada del 13 de diciembre de 1976. La decisión fue criticada por las organizaciones de derechos humanos, y recientemente el abogado Mario Bosch, querellante en la causa por Margarita Belén e integrante de Centro de Estudios Legales y Sociales, dijo que en la Cámara de Casación hay una sala que es conocida como "la sala militar" por los criterios con que se manejan expedientes relacionados con la represión ilegal.

Bosch dijo que además se estaba realizando una investigación para establecer si no había una conexión de parentesco entre uno de esos jueces, de apellido Hornos, y un militar del mismo apellido que era jefe del escuadrón de Inteligencia que tenía jurisdicción sobre Resistencia tras el golpe militar del ’76.

Otro reclamo de las organizaciones de derechos humanos es que los detenidos por crímenes de lesa humanidad no estén alojados en unidades militares o policiales, sino en cárceles comunes, para evitar una situación de privilegio con respecto a otros presos que, acusados de delitos mucho menos graves, soportan sin embargo condiciones de reclusión mucho más severas.

Fuente: Diario Norte de Resistencia, Chaco