El pasado jueves se llevó a cabo en Buenos Aires un Plenario de Secretarios Generales de CTERA. En la oportunidad, abordaron la situación salarial y política a seguir en todo el país y la nueva ley de Educación Nacional. El encuentro estuvo presidido por el secretario general de CTERA y de la CTA, Hugo Yasky.

Uno de los temas centrales en el plenario fue el tema salarial. Los sindicatos docentes reclaman un incremento del piso salarial fijado el año pasado en 840 pesos para todos los maestros del país y en muchas provincias, como en Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Corrientes o Tucumán, los educadores amenazan con no empezar las clases si no son atendidas sus demandas.

La CTERA mantuvo una primera reunión con las autoridades del Ministerio de la Educación de la Nación, en la que plantearon la necesidad de un incremento del mínimo a nivel nacional y, aunque no se habló de cifras, se fijó que ese incremento tendría que ser superior al 20 por ciento respecto al otorgado el año pasado.

La entidad que agrupa a la mayoría de los docentes del país efectuará en la tercera semana de este mes un nuevo Plenario de Secretarios Generales para unificar los reclamos de todas las provincias y fijar una postura única para una próxima reunión con el titular de esa cartera, Daniel Filmus.

La Ley de Financiamiento Educativo garantiza un piso mínimo salarial unificado en todo el país y una recomposición salarial y capacitación de los docentes a través del incremento del presupuesto educativo ligado al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), con los aportes de la Nación y las provincias.

"Todas las provincias ya iniciaron su discusión salarial y en el plenario se va a definir el informe de cada una. Es necesario un incremento del sueldo docente, porque el mínimo quedó desactualizado y creemos que tiene que estar por encima de los 1.000 pesos", dijo el titular de la CTERA, Hugo Yasky.

El secretario general de la CTA aseguró que "no es posible pensar este año en un escenario de conflictos docentes, pese a que hay amenazas de no iniciar el ciclo lectivo en varias provincias, porque cada jurisdición debe comprender que la ley de educación fija el rol y el valor del docente en la reforma".

Francisco Nenna, de la Junta Directiva de CTERA, destacó que el tope de la negociación que se solicitará "es de 1.800 pesos, que es lo que creemos que debe ganar un maestro para acceder a la canasta básica, a la capacitación y a los bienes, para lograr una mejor calidad en la educación, como plantea la ley".

Chaco: Rechazan la ley de presentismo

A su vez el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación de Chaco (Utre-Ctera), Sergio Soto, dio a conocer el rechazo absoluto al intento de instalar el presentismo en la provincia, alertó que de confirmarse esta versión los docentes provinciales “iniciaremos de forma inmediata medidas de acción directa contra esta posibilidad", y denunció al Gobierno "por llevar adelante las mismas prácticas que lo peor del neoliberalismo de los noventa”.

En la reunión del jueves anterior también acordaron los representantes gremiales, según Soto, exigir en todo el país la actualización de los pagos por asignaciones familiares, escolaridad e hijo, y “condenamos al Chaco por ser la provincia que peor paga por este concepto a sus trabajadores; y condenó la continuidad del pago en tickets canasta en la provincia de Tucumán, por representar pago fuera de la Ley”.

Posteriormente anunció:“Pedimos la inmediata convocatoria a las autoridades nacionales y provinciales a espacios de debate para comenzar con la implementación de la nueva Ley de Educación, a la cual se considera un importante avance en términos del ejercicio del derecho social a la educación para el pueblo argentino”.

Soto, además, rechazó "el intento de sectores de la derecha nacional y religiosos que buscan que no se avance en la implementación de la nueva Ley de Educación, a la cual consideran un riesgo para los intereses que defienden".

Por último, buscarán presentar a los estados provinciales un pedido de informe sobre la aplicación de los fondos de la Ley de Financiamiento Educativo y del Incentivo Docente, visto que “no está claro que todos los recursos generados por estas leyes hayan ido a parar al sistema educativo y en especial al salario de los trabajadores de la educación”, según apuntó el dirigente de los docentes chaqueños.