Con 57 votos, de 58 legisladores presentes en el recinto, los congresistas de los movimientos Popular Democrático, Pachakutik, Izquierda Democrática, Red Democrática y de PSP calificaron de urgente el llamado al plebiscito.

Por su parte, del bloque de la derecha, se mantuvo en el salón plenario Federico Pérez, del Partido Renovador Institucional (Prian), dado que sus homólogos de las otras facciones de derecha abandonaron la sala.

De esta forma el camino queda despejado para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inicie los preparativos con miras a celebrar dentro de 150 días esa Asamblea con plenos poderes.

Cabe destacar que la resolución contempla algunas modificaciones al estatuto de la Constituyente, lo cual provocó inconformidad de los movimientos sociales y políticos concentrados en las afueras del edificio parlamentario.

Entre las modificaciones realizadas al estatuto aparece la eliminación del requisito de juntar el uno por ciento de firmas para poder participar como candidato a asambleísta.

Asimismo, se incluyó un punto en el reglamento, en el cual se invalida a la Constituyente para disolver el Congreso, lo cual -según líderes de movimientos sociales e indígenas- elimina un derecho legítimo que corresponde a la ciudadanía.

A su vez, los parlamentarios también cambiaron el plazo máximo para realizar las elecciones con miras a elegir a los delegados, el cual será dentro 150 días y no dentro de 125 como propuso con anterioridad el mandatario de Ecuador.

Por su parte, el vicepresidente del Parlamento Edison Chávez adelantó que, una vez sancionado el referendo, se notificará tal decisión al TSE y el ejecutivo.

Una vez recibido el visto bueno del Congreso nacional, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta, anunció que la consulta popular se celebraría el 15 de abril de 2007.

Acosta señaló que el venidero 28 de febrero, en una cadena nacional de radio y televisión, convocará el 15 de abril al referendo para que le pueblo decida si quiere o no la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente.

La preocupación del ente electoral se centra ahora en la espera de que el Ministerio de Economía transfiera el presupuesto necesario para la realización del referendo, el cual asciende a aproximadamente 18 millones de dólares.

El máximo dirigente del TSE señaló que recibió esa noticia con toda tranquilidad porque ya la esperaba. "Recuérdese que hemos dicho que nos negábamos a ser pesimistas, no sabíamos los términos, pero ya está, a tal punto que nos adelantamos en el trabajo", destacó Acosta a una emisora de radio nacional.

Además, puntualizó que cuenta desde hace días con un diseño de papeleta, en la cual se incluye la pregunta y el estatuto de la Constituyente.

“He dado además orientaciones a los tribunales provinciales electorales para que el proceso de organización y ejecución del plebiscito se realice sin contratiempos y con una adecuada coordinación”, recalcó.

Por su parte, luego de la noticia, los movimientos indígenas ecuatorianos anunciaron que la semana próxima se movilizarán a favor de la Asamblea Constituyente, una iniciativa apoyada por el presidente Correa.

"Vamos a movilizar a todo el movimiento indígena la próxima semana", dijo Humberto Cholango, presidente de los pueblos quichuas del Ecuador, Ecuarunari, filial de la CONAIE, una de las organización más grandes de los indígenas en el país.

Cholango criticó la actuación del congreso unicameral que ha dilatado el tratamiento del tema de la convocatoria a la consulta popular para ir a la Asamblea Constituyente.

"No podemos seguir siendo juzgados por un sector político neoliberal fracasado que quiere impedir la Constituyente", dijo el dirigente.

El dirigente también criticó al presidente Correa por "caer en la telaraña de la partidocracia a la que tanto cuestionamos", al permitir -a su entender- que el congreso demore el tratamiento del tema.

El parlamento unicameral postergó para el lunes próximo el análisis del tema de la consulta popular para que, según varios legisladores, durante estos días se realicen acuerdos previos.

La semana pasada se efectuaron manifestaciones de protesta a favor de la Asamblea Constituyente que llevaron al desalojo del edificio donde sesiona el congreso, y esta semana los legisladores sesionaron bajo resguardo policial.

Por su parte, el presidente Correa remitió el día de su posesión, el 15 de enero pasado, la convocatoria a consulta para el 18 de marzo al Tribunal Supremo Electoral, para que la organice, pero el organismo decidió enviarla al Congreso para que la califique, pero hasta el día de ayer este órgano hizo todo lo posible para impedir la convocatoria.

A través de la consulta, la población ecuatoriana expresará si se convoca o no a la Asamblea Constituyente de plenos poderes, que tendrá como fin reformar el sistema político, económico y social del país avasallado por las políticas neoliberales llevadas a cabo por la partidocracia.

Fuente: Agencia Periodística del Mercosur (APM).