El proyecto es debatido hoy desde esta mañana en un plenario de las comisiones de Presupuesto y de Previsión en la Cámara de Diputados, para que sea convertido en ley antes de fin de mes.

Además el Senado introdujo una novedad en el proyecto, que no estaba en la letra original, estableciendo que los fondos para las jubilaciones no podrán ser utilizados para otra cosa que no sean los pagos a los beneficiarios. La intención principal del proyecto del gobierno nacional es el mantenimiento de la vigencia de ambos regímenes jubilatorios, de tal manera de permitir que la población elija libremente el destino de los aportes.

La iniciativa también invierte la presunción sobre los trabajadores que si no optaban por uno de los dos sistemas al momento de iniciar su vida laboral eran considerados dentro del régimen de capitalización.

La ley establece la suposición de que todos los trabajadores se encuentran amparados por el sistema de reparto, exigiéndose una manifestación expresa de voluntad en contrario.

Por otra parte, se propone incorporar que el activo del Fondo de Jubilaciones y Pensiones se invierta en títulos de deuda pública y en certificados de participación en fideicomisos, cuya finalidad sea financiar proyectos productivos o de infraestructura con el objetivo de lograr que las administradoras de esos fondos se comprometan con el crecimiento económico y la solidaridad social.

El costo del seguro colectivo de invalidez y fallecimiento resulta ser hoy el componente más significativo de la comisión que perciben las AFJP; por lo que se proyecta universalizar entre los aportantes el financiamiento y la cobertura de las contingencias de invalidez y muerte, imputando el costo a la rentabilidad del conjunto de los fondos.

Finalmente, también se prevé modificar la presunción de la opoción por el régimen público, para aquellos cuyo nivel de capitalización de aportes individuales no alcance para brindarles la prestación mínima que regula el sistema a una edad en que se hace necesario el amparo del Estado.

El proyecto fue aprobado por los 58 senadores presentes, entre los que no se encontraba el representante por La Rioja , Carlos Menem, quien durante su gobierno impulsó la introducción del sistema de capitalización que fue reformado.