La nota, titulada “Problemas en Argentina con el respeto de las normas fundamentales del trabajo”, plantea las incompatibilidades que existen en la legislación nacional respecto a la normativa internacional de la OIT, remarcando una vez más las observaciones que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT (CEACR) ha realizado, en varias ocasiones, a la Argentina. Al respecto, el informe analiza las falencias de la legislación local en materia de libertad sindical, negociación colectiva, derecho de huelga y discriminación sindical.

Respecto a la libertad sindical, la CSI hace especial hincapié en las restricciones legales derivadas del mecanismo para el otorgamiento de la personería gremial, sosteniendo que los requisitos para el reconocimiento legal son incompatibles y contrarios con el Convenio 87 de la OIT. Sostiene que este sistema genera verdaderos privilegios que no guardan ninguna razonabilidad con la condición de “más representativo”, sino, por el contrario, configuran verdaderos favoritismos en beneficio de ciertas organizaciones en desmedro de otras.

Al mismo tiempo, la CSI reitera su preocupación, en los mismos términos que lo ha hecho la CEACR de la OIT, sobre el estado del trámite de la personería gremial de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

Respecto a la discriminación antisindical, el informe recuerda casos como los despidos antisindicales dispuestos por las empresas Telefónica de Argentina y Neumáticos de Avanzada, resistidos por el Centro de Profesionales de Empresas de Telecomunicaciones (Ce.PE.Tel-CTA) y el Sindicato Unico de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA-CTA) respectivamente, entre otros.

Con relación a la negociación colectiva, la CSI cuestiona la intervención del Ministerio de Trabajo (autoridad de aplicación) al momento de la homologación de los CCT ya que, según la OIT, el proceso de ratificación impide la negociación colectiva libre debido a que el control no solo se limita a la legalidad y al orden público de los mismos.

Por último, y respecto al derecho de huelga, la CSI manifiesta que la reglamentación al derecho fundamental (decreto 272/06) establece disposiciones restrictivas a su ejercicio en actividades consideradas servicios esenciales, contrarios a los principios jurisprudenciales de la CEACR de la OIT. Al mismo tiempo remarca que el decreto amplia las facultades discrecionales de la autoridad administrativa permitiéndole que determine unilateralmente la fijación de los servicios mínimos.

La CSI fue fundada el pasado 1º de noviembre de 2006 en la ciudad de Viena, luego de la disolución de las centrales preexistentes (CIOSL y CMT) y la incorporación de otras organizaciones autónomas. El congreso fundador contó con la participación de más de 1.800 delegados que representaban a 304 Centrales Sindicales de 153 países entre los cuales se encontró la CTA.

La CSI, que en la actualidad representa a 168 millones de trabajadores, se asume como un instrumento del nuevo internacionalismo sindical, en beneficio de todos los trabajadores y trabajadoras.

En este sentido, la difusión de este último informe de la CSI sobre los derechos laborales en nuestro país importa dar continuidad a la tarea asumida desde la CTA de dar seguimiento a las acciones de esta nueva organización mundial de los trabajadores.

Fuente: Por José G. Aguilar. Observatorio Jurídico de la CTA.