Antes de decidir la elevación de la causa a un Tribunal Oral, Torres deberá recibir las posturas que tienen sobre la misma, tanto la defensa como los querellantes.

Los acusados por la fiscalía son Jorge Acosta, Alfredo Astiz, Pablo García Velasco, Jorge Radice, Juan Rolón, Antonio Pernias, Héctor Febres, Julio Coronel, Ernesto Frimon Weber y Carlos Generoso, según un informe de la periodista Victoria Ginzberg, publicado en el diario Página 12.

A ellos se los responsabiliza de haber integrado el grupo de represores que interceptó a Walsh -quien hasta hoy está desparecido- en los alrededores de las avenidas Entre Ríos y San Juan, de la Ciudad de Buenos Aires, y ante su resistencia, herirlo durante un tiroteo, y llevarlo posteriormente a la ESMA, aunque se cree que llegó muerto.

En su pedido, Taiano sostiene que “los acusados ostentaron la calidad de ejecutores directos de los hechos, en cuya realización no carecieron ni de libertad ni de responsabilidad, en tanto, si bien pudieron negarse a realizar los actos delictivos, persistieron en su comisión. Estuvieron dispuestos en todo momento a realizar voluntariamente acciones delictivas, a ejecutar cualquier orden, por aberrante que fuera, sin oponer reparo alguno y sin titubear ante la grave dimensión de los hechos”.

En octubre de 2005, el juez federal Sergio Torres ordenó la detención e indagatoria de 12 represores, en el marco de la causa por el secuestro de Walsh. Este es un desprendimiento de la megacausa ESMA, que investiga el secuestro, tortura y desaparición de cientos de personas, y que cobró un impulso fundamental a partir de la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Finalmente, en diciembre de 2005, Torres solicitó el procesamiento de los imputados.

La orden fue confirmada en julio de 2006 por la Cámara Federal, que dictó prisión preventiva a la nómina de represores, que incluía a Alfredo Astiz, Jorge “el tigre” Acosta, Jorge Rádice, Juan Rolón, Pablo García Velasco, Antonio Pernías, Julio Coronel, Héctor Febres, Ernesto Weber y Carlos Generoso.

Los argumentos esgrimidos por el fiscal, en su presentación de más de 130 páginas, son contundentes. El secuestro de Walsh fue planeado y ejecutado como “corolario de un prolongado trabajo de inteligencia sobre el escritor", y en el marco de un plan sistemático de desaparición de personas implementado por el Estado. Además, el dictamen establece puntualmente la participación de cada uno de los imputados en el hecho, e indica que el allanamiento de la casa de Walsh es prueba de la convicción con la que el grupo de represores actuó. No bastaba con la tortura y la muerte, sino que los jefes de la ESMA montaron un grupo de tareas paralelo, dedicado a apropiarse de los bienes de los desaparecidos.

Cabe destacar el aporte fundamental al avance de la causa que cumplió la hija del escritor, Patricia Walsh, como querellante, junto al testimonio de amigos, familiares y vecinos.

Mientras tanto, la justicia argentina aguarda que se haga efectiva la extradición del ex sargento de la policía federal, Juan Carlos Fotea Danieri, apodado “Lobo”, implicado también en la desaparición de Walsh. A fines de enero, el consejo de ministros de España decidió hacer lugar al pedido del juez Torres, quien había dictado la captura internacional de Fotea.

Rodolfo Walsh, fue emboscado en la intersección de San Juan y Entre Ríos, ciudad de Buenos Aires, el 25 de marzo de 1977. El escritor y periodista se defendió a tiros y fue baleado por un grupo de tareas, conformado por integrantes de la Armada, Prefectura, el Ejército, el Servicio Penitenciario y la Policía Federal. Walsh fue secuestrado y llevado, probablemente ya sin vida, a la Escuela de Mecánica de la Armada. Su nombre figura en la lista de 30 mil desaparecidos que dejó la represión ilegal y el terrorismo de Estado.

Un día antes, al cumplirse el primer aniversario del golpe militar, Walsh había difundido su “Carta abierta a la Junta militar”, en la que denunciaba, no sólo las barbaridades cometidas por el régimen, sino también la implantación de un sistema político y económico que condenaría a todo un pueblo a la exclusión, y a una muerte lenta. “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”, concluía Walsh, en su último grito contra la opresión, la tortura y la muerte.