Cuando se cumplen cinco meses de la desaparición de Jorge Julio López, obrero de la construcción perseguido por la última dictadura militar y testigo clave en la causa contra el genocida Etchecolatz, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) sigue convocando a sus militantes y organizaciones adheridas a participar activamente en todo el país de los actos y movilizaciones que se van a realizar para repudiar la impunidad, privilegiando la unidad política del campo popular.

En ese sentido, la CTA ratificó su compromiso de convocar a todos los sectores populares a unificar la estrategia en torno a la continuidad de los Juicios por la Verdad contra los genocidas, tanto para los autores intelectuales como materiales del Terrorismo de Estado. “Esto constituye un reclamo de todo el pueblo argentino, denunciar y combatir la pretensión de los grupos identificados con el Terrorismo de Estado de naturalizar un acontecimiento que repugna la conciencia democrática y significa una bofetada para el conjunto de la sociedad argentina”, expresó el secretario de Derechos Humanos de la CTA a nivel nacional, Ricardo Peidro.

Así, en la ciudad de Buenos Aires, la CTA Capital Federal se concentrará el domingo 18, a las 16, en Sarmiento y Callao, para marchar junto a otras organizaciones sociales, sindicales y partidarias. Además, en la ciudad entrerriana de Paraná, la Multisectorial de Derechos Humanos, que integra la CTA de esa provincia, realizará mañana, a partir de las 15, la proyección de un video sobre el juicio a Etchecolatz en la Plaza 1º de Mayo.

El caso en la Justicia

Recordemos que a los dos meses de la desaparición de Jorge Julio López, quien se convirtió en uno de los principales testigos de la causa que terminó con la condena a reclusión perpetua de Miguel Etchecolatz, las llaves de su casa fueron encontradas en el jardín de su vivienda. Ese fue un claro mensaje intimidatorio del que se desprende un nivel de impunidad que desafía todo tipo de interpretaciones tranquilizadoras.

Este hecho contribuyó a que la Corte Suprema de Justicia definiera, al cumplirse tres meses de la desaparición de Jorge Julio López, que la causa debía pasar a manos de la Justicia Federal y ser investigada como privación ilegal de la libertad y no como una mera averiguación de paradero. De este modo, se unificaba la investigación con otra que se seguía paralelamente en un juzgado de la ciudad de La Plata por las intimidaciones a diversos testigos que habían testificado contra el ex comisario. La Corte Suprema reconocía que la desaparición de López puede estar vinculada con su condición de querellante y testigo en el juicio contra Etchecolatz.

Otros casos, los mismos casos

La voz de la CTA se eleva también para condenar las amenazas a testigos y todos los atropellos que se han realizado en contra de Abuelas de Plaza de Mayo o de integrantes de instituciones de Derechos Humanos en los últimos tiempos.

Igual determinación se mantiene ante el accionar de las bandas parapoliciales que continúa vigente y sigue produciendo casos como los secuestros de Luis Geréz, de notorio conocimiento, o los menos difundidos ataques a Héctor Bustos, quien fue secuestrado 13 días en Venado Tuerto y sufrió torturas y quemaduras en forma de svástica en su pecho, y a Julio Gutiérrez, integrante de la Casa de Acción Popular Olga Márquez de Arédez, quien fue detenido, golpeado y retenido durante varias horas por la policí¬a de Jujuy en la madrugada del 30 de diciembre.

A estos ataques se suma el ensañamiento del accionar de la policía bonaerense contra la juventud, tales son los casos de Damián Barzábal, de 17 años, fusilado en un patrullero de la comisaría 3° en Los Hornos, o las golpizas recibidas por un joven de 15 años en San Nicolás, y el caso de Gastón Dí¬az, de 22 años, quien perdiera la vida en Necochea en un caso más de gatillo fácil.

Por todo ello la CTA enfatiza su exigencia de: juicio a los culpables del genocidio y condena en cárceles comunes; aparición de López y condena a sus captores, al igual que a los secuestradores de Geréz y a aquellos que amenazan a los testigos y militantes populares para intentar paralizar los enjuiciamientos y aterrorizar a nuestro pueblo; reestructuración de las fuerzas policiales; investigación de los 9000 agentes que están en servicio desde la dictadura y juicio a los culpables, de los cuales surgen los autores de casos de gatillo fácil y los ataques a los jóvenes de nuestro pueblo.

Otros derechos, los mismos derechos

Pero aún hoy es importante observar que los derechos humanos tienen mucho que ver con otros derechos arrebatados. Así, también se seguirá cometiendo un crimen mientras exista un solo niño con hambre en el país y mientras no se respeten los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. No podemos creer que reivindicamos los derechos humanos si dejamos que se precaricen las relaciones laborales. Tampoco deben existir justificativos ante esta realidad, menos aún si proviene de alguna esfera del Estado.

No olvidemos que el disciplinamiento de los trabajadores mediante cualquier método fue uno de los objetivos básicos de los militares que en 1976 tomaron el poder. Aquel año, el diario Wall Street Journal de Nueva York revelaba que “los nuevos gobernantes militares enfrentan una tarea tremenda... tendrían que hacer volver al trabajo productivo a una fuerza obrera indisciplinada...”. A treinta años de los miles de muertos, desaparecidos, torturados, niños robados y todo el terror, lamentablemente hay quienes continúan pensando que debe disciplinarse a los trabajadores precarizando sus relaciones laborales.

Se desconoce el alcance de los vínculos que mantienen con los sectores de poder de la Argentina de hoy, pero los ejecutores de aquel genocidio son los mismos que retienen hoy a Jorge Julio López. Y ante esta situación, como sentenciaba Luis Baronetto, secretario adjunto de la CTA Córdoba: “La única salida para estos casos es que se profundice rápida y eficazmente los juicios contra los genocidas y sus cómplices. Quien se oponga a esto se opone a la democracia, quien dude de esto es cómplice de la impunidad, quien pida reconciliación y amnistía está con la muerte. No hay medias tintas: o se respetan todos los derechos humanos y se juzgan todas sus violaciones y castigan a todos sus planificadores o se está en la vereda de la muerte”.