
En medio de la encrucijada judicial experimentada en la causa por la violenta represión en el puente Manuel Belgrano en 1999, que dejó dos jóvenes muertos y decenas de heridos, apareció en diciembre una veta internacional en busca de avances en el caso, justo cuando se cumplían siete años de la masacre.
Es una luz de esperanza para los familiares de las víctimas en su largo camino de reclamo de justicia, y que se alumbró en el ámbito de Comisión Internacional de Derechos Humanos. Se hizo un pedido de descargo al Estado nacional, a partir de las denuncias presentadas desde Corrientes en la sede del organismo ubicada en Washington, Estados Unidos.
El Gobierno tenía dos meses para remitir a la Comisión su descargo, un plazo que se cumplió y aún se esperan novedades sobre esa respuesta estatal. De todas formas las expectativas se mantienen intactas entre los familiares de Francisco Escobar y Mauro César Ojeda, los dos chicos muertos el 17 de diciembre del ‘99, y sus abogados querellantes.
“Hasta el momento no tenemos novedades sobre la respuesta del Estado nacional a la Comisión, pero nos mantenemos expectantes”, señaló ayer a El Litoral Daniel Esquivel, abogado co-querellante en la causa del puente y co-denunciante en el caso que fue presentado en 2004 en la órbita internacional por el estancamiento en la Justicia local.
Esquivel forma equipo con su hermano Daro, quien está a cargo de la querella, y ante una consulta sobre si el plazo dispuesto por la Comisión Internacional podría extenderse un mes más, explicó que “podría darse pero sólo si el Estado solicita una extensión. Pero hasta ahora no nos comunicaron formalmente sobre un descargo que se haya remitido en estos días”.
Las expectativas siguen intactas porque se viene de años sin avances en la causa en los estrados argentinos. Es más: no hay siquiera imputados, que es casi lo mismo que decir que todo está en cero frente a los seis cuerpos que constituyen el expediente judicial.
Por eso la esperanza a partir del emplazamiento para que la Cancillería Argentina -en representación del Gobierno- responda a la denuncia. “Esto es un gran paso, ya que la intervención de la Comisión Interamericana demuestra la ostensible denegación de justicia, por parte del Poder Judicial argentina en la causa del puente”, había resaltado Daro Esquivel en el acto del 17 de diciembre del año pasado.
En esta línea se expresó Daniel Esquivel, quien destacó el hecho de la rapidez en tomar el caso que evidenció la Comisión, “porque son causas que demoran años en avanzar en ese nivel, pero fue más rápido de lo que esperábamos”, subrayó.
Por ahora no hay información oficial sobre una respuesta del Estado argentino, pero en los últimos meses los abogados patrocinantes recibieron notas de funcionarios de segunda y tercera línea del Ejecutivo en donde requerían todo informe sobre la causa. “pero lo que esperábamos era un contacto formal y personal con los familiares y sus patrocinantes, porque esperamos no sólo un resarcimiento económico, que debe haber, sino un reconocimiento explícito del Estado sobre su responsabilidad en lo ocurrido en el ‘99”, afirmó Esquivel.
Fuente: Diario El Litoral de Corrientes
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