El texto, firmado por el secretario general de la CTA chaqueña, Hugo Rodríguez, afirma:

"A partir de la situación generada en estos 514 años de opresión y marginalidad para estos Pueblos, y la situación por la que atraviesan en los últimos acontecimientos de publico conocimiento, que afectan su integridad como Pueblos Originarios, queremos reclamar a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tanto del orden provincial como nacional, una urgente solución a la problemática que afectan a los Pueblos Indígenas de las tres etnias que viven en el Chaco, y que son, entre otras, las siguientes:

Tierras: La reciente información de publico conocimiento, de la venta ilegal de la tierra pública por parte de funcionarios del Instituto de Colonización y que sigue sin ser investigado, exige por amparo legal, la Suspensión inmediata de las ventas de tierras fiscales de la provincia del Chaco, con la necesaria Conformación de una Comisión Investigadora de la venta de tierras publicas en la provincia, con plena participación de los sectores campesinos e indígenas, quienes tiene la prioridad en la entrega de las mismas, según reza el Art. 42 de nuestra
Carta Magna. Esta inmediata medida debe ir acompañada por una urgente y efectiva Investigación y acción judicial en actos de adjudicación de tierras que violaron las leyes y artículos constitucionales.

Esta acción permitirá Garantizar el reconocimiento inmediato del derecho consuetudinario de los territorios determinados por los Pueblos Indígenas, con la consiguiente Entrega de las tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano dentro de los límites territoriales de cada comunidad; previstos en el artículo 37 y cláusula transitoria quinta de nuestra constitución provincial, lo que permitirá Garantizar la integridad territorial a los Pueblos Indígenas. Así mismo, es de urgente tratamiento por los diferentes estamentos de gobierno, la Conformación de un fondo de tierras, para la expropiación y/o compra de tierras, en virtud del cumplimiento del art. 37 de nuestra constitución y el Art. 75 inc. 17 de la nacional.

Educación: Los constantes reclamos tanto del Idach como de las propias comunidades y docentes indígenas, hace necesario el Establecimiento conjunto de una política de educación Intercultural Bilingüe, que afecte a todas las comunidades indígenas de la provincia, teniendo en cuenta entre otros puntos de solución, los siguientes:

Implementación de la educación Intercultural bilingüe en todas las comunidades indígenas de la provincia con designación de cargos docentes a maestros bilingües, auxiliares o personal idóneo. así mismo, la Obligación de la implementación de contenidos curriculares culturales en escuelas con población indígena

Titularización de los docentes y auxiliares indígenas. Implementación de un sistema integral de becas para estudiantes indígenas

Apertura de escuelas bilingües interculturales en las comunidades, tanto de nivel primario como secundario, cual establece la obligatoriedad en la nueva Ley Nacional de Educación. Esta medida debe ir acompañada con el Inmediato financiamiento provincial para la implementación de escuelas secundarias Bilingües Interculturales en las comunidades de la provincia, en virtud de dicha obligatoriedad, garantizando la plena participación en las decisiones relacionadas a la gestión educativa y administrativas por parte de las comunidades involucradas.

Salud: Otro de los puntos que demuestran la difícil situación por la que atraviesan las comunidades indígenas de las tres etnias, es en cuanto a la Salud. Es necesario para avanzar en una solución real a esta problemática, medidas concretas y profundas, que signifiquen un crecimiento y un desarrollo armónico de las comunidades. Es por ello que es necesaria la Legalización de la medicina tradicional de estos pueblos y reconocimiento oficial de los médicos y parteras tradicionales, derecho postergado por siglos. Así mismo, no es contrario a esto, el reclamar la creación de puestos sanitarios en las comunidades, con agentes de salud indígenas y de Proveer a los centros de salud de medicamentos y elementos necesarios para garantizar una buena atención a las comunidades.

Personería Jurídica: Otro de los derechos vulnerados y sin visualizarse solución, es en cuanto al derecho de reconocimiento de sus propias organizaciones y comunidades. Por ende, y en virtud del derecho constitucional, se debe garantizar la Apertura urgente del Registro de Organizaciones y Comunidades Indígenas, tal lo dispone la constitución provincial, y su Homologación por parte del Gobierno Nacional.

Desarrollo Económico: Si se trata de enumerar las deficiencias de este sistema en cuanto a los Pueblos Indígenas, este punto es otro buen ejemplo de la situación de indefensión de estos Pueblos. Sabemos que los pueblos indígenas, hoy en su conjunto, económicamente más pobres que nunca, son portadores de grandes riquezas culturales. Sus culturas representan su experiencia de vida y su arma de resistencia contra las estructuras integradoras. Por ende, se hace fundamental la Implementación de un programa para el desarrollo de la economía indígena, con plena participación de las organizaciones de las etnias, que generen propuestas económicas acordes con la realidad y necesidad de las comunidades.

Asistencia Social: Por último y sin dejar de lados otros tantos aspectos descuidados por el sistema, debemos reclamar lo que consideramos un verdadero acto de justicia, que es una de las propuestas nacida en el seno de las comunidades indígenas, que participan de esta Central y es la Implementación de un seguro social para las familias indígenas, por reparación histórica.

Para poder ejercer estos derechos aquí enumerados, a modo de ejemplificación, es necesario, que el Gobierno y sus autoridades garanticen el Financiamiento efectivo del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH) con un presupuesto anual que contemple la atención de Asociaciones y Comunidades Indígenas. Esto asociado al reclamo del IDACH de su autarquía y que es ley provincial, otorgándole la potestad de las políticas en cuanto al desarrollo de las Comunidades y Organizaciones Indígenas. Por ello, no es en vano su reclamo de la Unificación de programas sociales y la plena participación de las organizaciones indígenas para su implementación en el ámbito provincial.

Esto permitirá el desarrollo de sus potencialidades, de su cultura. Es necesario el desarrollo integral de las comunidades, a las que les debemos tantos años de opresión y marginalidad. No podemos seguir inertes ante esta situación, ya que como ciudadanos chaqueños y argentinos, tienen los mismos derechos en cuanto a la tierra, a la educación, salud, asistencia social, viviendas y principalmente, al desarrollo económico social, que les fuera negado por siglos.

Por ende, reclamamos un urgente tratamiento de esta situación y la necesaria solución de esta problemática que no es nueva y que sigue siendo la gran deuda interna de todos los gobiernos que estuvieron en el poder en nuestra provincia.

Estas son solo algunas de las tantas falencias del sistema de gobierno, que no permiten desarrollarse plenamente a los Pueblos Originarios de estas tierras. Exigimos una urgente resolución al respecto, generando políticas duraderas y sustentables, que respeten la cultura de estos Pueblos y tenga la plena y efectiva participación de sus propias organizaciones. Este compromiso debe ser asumido de forma urgente tanto por el gobierno provincial como nacional, para buscar soluciones efectivas que garanticen los derechos vigentes. Ya no sirven, las soluciones parciales y oportunistas, se deben establecer soluciones políticas y programáticas que garanticen la efectiva implementación de los derechos de estos Pueblos".