En el encuentro, los organismos defensores de los derechos humanos exigieron la reposición de la placa recordatoria que se colocó el pasado 24 de marzo en la sede la de la Jefatura de Policía de Santa Fe y Junín. Allí hubo un centro clandestino de detención por lo que se instaló una plaqueta con el siguiente mensaje: “Memoria, verdad, justicia y castigo. Aquí funcionó el centro de detención, tortura, desaparición y exterminio llamado ‘El Copito’ 1975-1977”. Participaron del encuentro Familiares de Desaparecidos, Hijos, Madres de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), MST, Mucyt, Partido Comunista, Oveja Negra y PTS, entre otros.

Hace más de un año se pidió a la Justicia Federal que ordene la eliminación de los probables artefactos explosivos enterrados en el lugar. Sin embargo, hasta ahora se avanzó muy poco. Quieren descubrir las fosas comunes donde se arrojaban cuerpos de víctimas de la última dictadura militar. Críticas al juez federal Racedo. Insisten con que Bussi vaya a cárceles comunes.

Encontrar la verdad para que la Justicia pueda ejercerse en el ámbito de las reivindicaciones de los derechos humanos implica una lucha constante contra la burocracia y contra las células represoras aún vigentes. Hace más de un año que se requirió a la Justicia poder realizar los peritajes necesarios a fin de encontrar las fosas comunes que, con seguridad, cobijan los restos de víctimas de la última dictadura militar en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga.

Para poder avanzar en la investigación, según señaló la abogada querellante de familiares de desaparecidos, Laura Figueroa, se requirió al juez federal subrogante Mario Racedo (reemplaza al destituido Felipe Terán) que se proceda a realizar el desminado del predio para realizar las excavaciones necesarias.

Según Figueroa, no hay garantías de circular por el inmueble militar sin que no haya minas. “Se encontraron elementos técnicos que hacen sospechar la existencia de minas explosivas que se las arrojó en su momento para intimidar”, sostuvo la abogada.

El genocida Antonio Domingo Bussi permanece detenido en el ex arsenal, desde el 16 de marzo pasado, cuando volvió a Tucumán por orden del juez federal Nº1, Jorge Parache, para prestar declaración indagatoria en más de una decenas de causas de delitos de lesa humanidad.

Informe: Primerafuente, portal de noticias de la Asociación de Prensa de Tucumán (APT-CTA)