Falta de campañas de sensibilización, un Estado que responde a los intereses empresariales y que, inclusive, no favorece la plena inclusión laboral de las personas con discapacidad, incluída la incorporación de docentes con discapacidad en la escuela común como instrumento para la visibilización de un colectivo que es desconocido socialmente, y una sociedad que sigue el modelo neoliberal de sujeto, ignorando la existencia de quienes tienen una discapacidad física o mental son algunas de las cuestiones que deberían estar en la agenda pública y privada.

La actual política estatal es la de no hacer nada, y constituye una política como cualquier otra pero revela, sin dudas, la escasa importancia que revistan estas problemáticas para el Estado, cualquiera sea su jurisdicción. Mientras tanto, en nuestra sociedad, desde el empresariado a los diferentes grupos sociales y políticos, continúa ese desdén que se inicia con el prejuicio, por desconocimiento de las diferentes capacidades de estos sujetos, y que termina en la discriminación lisa y llana.

Sin embargo, los sujetos con discapacidad pueden ser visibilizados mediante la implementación de políticas activas desde el Estado y que, desde luego, permitan la paulatina concientización del sector privado en los diferentes ámbitos políticos, sociales y económicos. Ello requiere una voluntad política que hoy no se advierte. Y es necesario que ella se constituya con la mayor premura posible, porque hace 26 años que este colectivo está sistemáticamente postergado en sus aspiraciones.

Las personas con discapacidad no necesitan demagogia, necesitan ver realidades concretas... Desde el empleo hasta el transporte, la salud y la educación, estos sujetos precisan de la protección estatal por su propia vulnerabilidad, la misma que los arroja a la pobreza y a la indigencia perpetua.

Con adaptaciones curriculares y un proceso paulatino de Educación Inclusiva, en lo educativo; con un transporte adaptado, al que los empresarios son renuentes pero que constituye un imperativo necesario y actual; en lo sanitario, con una cobertura sanitaria integral y que no necesite de la interposición de acciones judiciales, que en realidad está en manos de muy pocos integrantes del colectivo y en lo laboral, con una política de paulatina incorporación de personas con discapacidad, que tenga en cuenta sus diferentes capacidades y que cuente con una capacitación contínua en el empleo, una vez incorporadas. Todo ello significaría elevar la calidad de vida de un colectivo que sigue esperando, que mantiene la esperanza pero que también anida la exasperación ante la burocracia estatal y paraestatal.

Visibilicemos la discapacidad y tal vez, convertidos en ciudadanos y personas, podremos tener una sociedad y un Estado diferentes. Es nuestra, es suya y es del Estado, la responsabilidad para hacer efectivos los derechos que hoy tienen cercenados.

Fuente: Profesor Juan Carlos Sánchez (publicado por ARGENPRESS.info).