Ayer, jueves 2 de febrero, en la sede de la Federación Judicial Argentina, representantes de los organismos históricos de Derechos Humanos fueron homenajeados por dirigentes de la conducción nacional de la CTA y militantes ceteatista. Fue un acto emotivo que se extendió por más de dos horas. Víctor De Gennaro, secretario general de la Central, agradeció la solidaridad y el compromiso que los Organismos expresaron al enviar una carta al Presidente de la Nación sobre la demora en el legítimo pedido de libertad y democracia sindical que lleva adelante la Central.

Estuvieron allí, en nombre de la Central, además de De Gennaro; Víctor Mendibil, secretario gremial; Ricardo Peidró, secretario de Derechos Humanos y Ariel Basteiro, secretario de actas. En representación de las organizaciones de Derechos Humanos, se encontraban Alba Hanciloto, de Abuelas de Plaza de Mayo; Margarita Noia y María Adela Antokoletz, de Hermanos de Desaparecidos; Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora; José De Luca, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH); Miguel Monserrat, de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH); Elsa Pavón, de la Fundación Anahí; Mabel Gutierrez de Familiares de Detenidos-Desaparecidos; Luis Campos, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); y Adriana Calvo y Quique Furman de la Asociación de Ex Detenidos. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) también enviaron la nota a Kirchner, pero no pudieron estar presentes ayer.

“Que podamos empezar el 2006 diciendo que a 30 años del Golpe Militar las organizaciones de Derechos Humanos exigen unánimemente la libertad y democracia sindical es para nosotros muy importante. Y nos alienta a seguir en nuestro reclamo. Porque son los derechos humanos de hoy los que están siendo incumplidos con la impunidad de ayer”, remarcó el secretario general de la CTA. “Es un hecho trascendente”, apuntó.

“El país está en deuda con los trabajadores”

El representante del CELS, Luis Campos, recordó que en marzo de 2004 el Centro de Estudios Legales y Sociales y la CTA presentaron conjuntamente este reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, en el que denunciaron las graves y reiteradas violaciones a la libertad y la democracia sindical que tienen lugar en la Argentina, donde más de 2.000 organizaciones sindicales simplemente inscriptas padecen esta situación. Ambas organizaciones presentaron en un audiencia en Washington, sede de la CIDH, luego de cual se comprometió a supervisar la evolución del tema y le exigió al Gobierno argentino.

En ese contexto, Campos explicó que “garantizar plenamente la libertad y la democracia sindical es garantizarle al pueblo las condiciones básicas para que se una y pelee por sus derechos. Es garantizarle al pueblo que decida por su propia cuenta cuál tiene que ser su destino. Y ésa es la base de los derechos humanos. Por eso acompañamos este reclamo”. También se preguntó si no era tiempo de que las organizaciones de derechos humanos incorporarán, a sus reclamos históricos, la demanda de libertad y democracia sindical.

Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, propuso también que “todo el ámbito de los derechos humanos y sus organizaciones sigan evaluando acciones y medidas a seguir para instalar este tema en la sociedad”. Y Margarita Noia, de Hermanos, agregó: “La unidad de los trabajadores es fundamental en toda sociedad que quiera dejar de sufrir hambre. Por eso es primordial que asumamos de manera conjunta la lucha por la libertad y la democracia sindical”.

Por su parte, Miguel Montserrat de la APDH expresó que “la personería gremial para la CTA es impostergable e imprescindible, además de legítimo, porque así lo marcan los tratados y convenios internacionales. Creemos que este reclamo es de estricta justicia: el país está en deuda con los trabajadores”.

La carta, que expresa la importancia del reconocimiento para la Central, solicita “la mayor celeridad para su otorgamiento, en todo de acuerdo a la legislación vigente y sin ninguna injerencia de los empleadores o de los partidos políticos”, ya fueron enviadas al Presidente de la Nación, con copia al ministro de Trabajo, Carlos Tomada.