“Ante el pedido de interrupción del embarazo de la niña de 14 años violada por su padrastro y frente al fallo de la jueza Silvia Darmandrail, de Mar del Plata, quien autorizó la interrupción del embarazo y el de la Cámara de Apelaciones que lo ratifica”, la Central expresa su apoyo a esta decisión y denuncia una vez más que “los trabajadores de la salud del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata continúan recibiendo amenazas para que no realicen el aborto”.

Angriman explicó que “el drama de esta niña de tan sólo 14 años, al igual que el que atraviesan miles de mujeres del país, exige un accionar rápido y sanitariamente efectivo desde el Estado garantizando así el mentado derecho a la salud y a una vida digna” y que “no cumplir con la ley sólo genera la victimización de la niña y su familia, y la profundización de los daños que ya ha sufrido en su salud y desarrollo psicofísico”.

También reconoció que “debemos defender la autonomía y los derechos de las mujeres a decidir cuándo y cómo quieren disponer de su cuerpo y terminar con la gran mortalidad materna a causa de abortos ilegales”.

Finalmente, el comunicado indica que “nuestra Central continúa sosteniendo que la situación de represión legislativa actual y la cantidad de muertes por aborto clandestino, hacen necesario en forma inmediata poner fin a esta situación; modificando, entre otras medidas sociales de fondo tan o más importantes, la legislación actual. Así corresponde al Estado modificar la legislación despenalizando y legalizando el aborto, que se practique en los hospitales públicos con accesibilidad por el principio de ciudadanía o residencia, como principio esencial de salud pública en todo el territorio nacional”.