A su vez, exigen la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación ya que la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Misiones "tuvo en conflictos anteriores un desempeño viciado de parcialidad", según Lorenzo Barrientos, secretario general del SOEP.

Este miércoles la Subsecretarìa de Trabajo de la Provincia de Misiones dictó la Conciliación Obligatoria en una Resoluciòn que "carece de validez porque desconoce al Sindicato que representa el interés colectivo de los trabajadores en conflicto y hace referencia solo a los trabajadores individualmente considerados, a los que no encuadra en ningún gremio. La Conciliación Obligatoria se debe dictar en función de un conflicto entre la representación gremial y la representación empresarial y no se impone hacia los trabajadores en particular", explicó José Tribuzio, representante legal del SOEP.

A su vez, Tribuzio señaló que "las empresas quieren llevar a los trabajadores a un conflicto interno planteando la necesidad de disputar un encuadramiento sindical, cuando en realidad lo que importa es la actitud representativa y la vocación defensiva del SOEP y la decisión de los trabajadores de afiliarse a ese sindicato. Cuando los trabajadores se afiliaron al SOEP no había ninguna otra entidad gremial implantada en la zona que los representara. Ahora, que tienen quien defienda sus derechos, los empleadores pretenden que los motosierristas se afilien, bajo amenaza de despido, a otro sindicato que no los representa".

En la zona de Wanda, Esperanza y Libertad, alrededor de 10 empresas contratistas de Alto Paraná emplean a trabajadores motosierristas que trabajan el monte en condiciones muy precarias. "No tienen cobertura en caso de accidente ni servicios de salud. Los pasan a buscar por sus casas en camiones rotos y los llevan como ganado hasta el monte. Se van a las cinco de la mañana de sus casas y vuelven a la noche.
Trabajan de lunes a sábado y también los feriados, en forma obligatoria. A pesar de que en los recibos de sueldo figura que los trabajadores cobran mensualmente entre 800 y 1500 pesos, la realidad es que sólo reciben entre 300 y 800 ya que hacen figurar como ’adelanto’ los insumos necesarios para el trabajo, que debería ser provisto por la empresa. Por necesidad, los trabajadores firman los recibos, pero es una situación absolutamente irregular e injusta", explicó Barrientos.

Un poco de historia

En agosto del año pasado, la empresa mantuvo un conflicto con los trabajadores cuando " los compañeros se acercaron al SOEP - CTA y comenzaron a afiliarse masivamente. Como represalia, las empresas comenzaron con despidos y suspensiones con la excusa de que no tenían los elementos de seguridad necesarios para trabajar, como si el trabajador tuviera que comprarlos en vez de dárselos la propia empresa", señaló Barrientos.

Según el titular del SOEP, "a pesar de que el desmonte es un servicio tercerizado, nosotros sabemos que esas empresas pertenecen a testaferros de la propia Alto Paraná. Incluso los inspectores, que son los que controlan la tala de los árboles, son de la empresa. En realidad Alto Paraná es su verdadero patrón".

Barrientos señaló que "en esta zona de la provincia las leyes laborales no tienen vigencia y la explotación de los trabajadores, quienes realizan sus tareas en condiciones infrahumanas, es un hecho cotidiano".

"Alto Paraná controla y tiene incidencia sobre todas las localidades de la zona y maneja todo el trabajo y la economía. Ha comprado más del 40% de las tierras de la provincia, donde está plantando lo que nosotros llamamos el desierto verde, hectáreas de pinos, donde no vive nada, porque allí no van los pájaros a hacer nido y donde otras especies se han extinguido, porque esos árboles no son parte del ecosistema del lugar", concluyó el dirigente en referencia a los trastornos ambientales que también genera la empresa.