Ahora, cuando ese proyecto de ley de "Reforma Judicial" encuentra severas resistencias para ser aprobado por contener cláusulas inconstitucionales y ser denunciado como un “mamarracho” por personalidades del mundo jurídico, el señor gobernador tiene el descaro de amenazar con “una consulta popular” que, según él, aprobaría su iniciativa reformadora.

Concretamente dijo al inaugurar esta semana el nuevo período legislativo: “si este gobernador llamara a una consulta popular sobre si la justicia penal debe ser reformada, la respuesta sería absolutamente a favor”.

Sr. Gobernador: ese discurso tramposo es de una irresponsabilidad absoluta y tipifica el peor desprecio al pueblo que debiera representar .

Los trabajadores judiciales venimos proponiendo reformas de la justicia y no sólo desde la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA), sino también desde la Central de Trabajadores de la Argentina, que en sus congresos propuso a la sociedad una serie de cambios; que fueron sistemáticamente ignoradas por los gobernantes.

Y fueron ignorados por el poder político porque nuestras propuestas apuntan a concebir una administración de Justicia al servicio de los intereses populares, democratizándola e independizándola de las manipulaciones de los poderosos.

Ahora bien, ¿cuál es la reforma penal que propone Solá? El pueblo no la conoce y, si se enterara de su contenido, comprobaría que esa reforma no sólo no dará satisfacción al anhelo de justicia de la mayoría de la sociedad bonaerense, ni siquiera hará más veloz a la Justicia, sino al contrario, advertiría que no va dirigida contra el delito organizado, ni contra los poderosos que saquean las riquezas del país, sino que castiga aun más al segmento más desprotegido de la población, y que atenta contra el derecho a defensa que tienen todos los ciudadanos por igual.

Organizaciones de derechos humanos, jueces, abogados,la Federación Judicial Argentina y la Asociación Judicial Bonaerense, la CTA, legisladores, movimientos sociales, políticos y culturales se han expedido en rechazo al proyecto de ley enviado por el gobernador Solá, pero no porque no quieran una reforma judicial, sino porque aspiran a una reforma que posibilite la elección de los magistrados y funcionarios con participación popular y de los trabajadores; para lograr la remoción de jueces corruptos; para que el Poder Judicial nunca más sea cómplice de la impunidad; para que se amplíe su plantel de trabajadores; para que se asigne el presupuesto necesario ; para que pueda resolver con celeridad y con justicia verdadera las causas que tiene en sus manos; para que sea realmente un instrumento verdadero y potente de la democracia y no un espacio donde se tejan alianzas con el poder político y económico en detrimento del conjunto de la población.

Queremos una reforma judicial que surja de un debate abierto con todos los sectores interesados, y no una reforma inconsulta, improvisada y reaccionaria enviada solapadamente al Parlamento para su aprobación rápida.

El gobernador Solá se jactó en su discurso de haber “mejorado los servicios”. Digamos que no es el caso de la administración de Justicia. Por falta de presupuesto los trabajadores judiciales debemos desenvolvernos en ambientes realmente insalubres, recargados de tareas por falta de personal y en edificios que sufren gravísimos deterioros o no fueron bien construidos, ni a los fines específicos.

Precisamente, en los últimos días se registraron dos hechos que son todo un símbolo de la gestión Solá: las filtraciones de agua obligaron a suspender el juicio oral en el caso García Belsunce en San Isidro, y los once pisos de la sede central de los Tribunales del departamento San Martín del Poder Judicial están en riesgo de desplomarse por rajaduras y exceso de peso a tal extremo que días atrás trabajadores judiciales, abogados y jueces se volcaron a la calle para denunciar públicamente -como señala una gran tela de advertencia colocada en el frente del edificio- que existe “peligro de derrumbe” y que “la Justicia se viene abajo”.