
Jorge Yabkowski, presidente de CICOP-CTA y de Federación Sindical Nacional de Profesionales de la Salud de la Argentina( FeSProSa) sostuvo que el agravamiento de la crisis en la rama de anestesia “es producto de 25 años de negligencia estatal y complicidad corrupta de los funcionarios de salud y que ahora no se arregla solo con declaraciones de buenas intenciones”.
Yabkowski dijo que si bien las declaraciones del Consejo Federal de Ministros de Salud (COFESA) pueden abrir una expectativa positiva deben acompañarse por medidas hagan coincidir estas declaraciones con los hechos.
En ese sentido el integrante de la Mesa Nacional de la CTA propuso:
1) Declarar oficialmente mediante Resolución Ministerial la emergencia en los recursos humanos de anestesia.
2) Estatizar de inmediato la formación de nuevos anestesistas a través un plan articulado por el COFESA, supervisado por las Universidades nacionales y las Asociaciones gremiales de profesionales en particular las que representan al Sector Público de Salud. FESPROSA estaría dispuesta aportar a través de sus 20.000 profesionales afiliados.
3) En tal sentido prohibir taxativamente que los cupos y programas de formación sigan en mano de las Sociedades de Anestesistas. El cupo de anestesistas a formar, las vacantes de residencias en todo el país serán determinadas por el Comité que encabece el Ministerio de Salud y el COFESA, con participación de la Asociaciones gremiales de profesionales.
4) Este Comité elevará en 45 días un plan de emergencia de tres años de duración en el que propondrá la cantidad total de anestesistas a formar en dicho período.
5) En el marco del SGT11 Argentina abrirá vacantes de trabajo para anestesistas del MERCOSUR, con contratos a término mínimos de un año y no mayores a tres, lapso en el que razonablemente deberá dar resultado el nuevo plan de formación conducido por el Estado.
6) Todas las jurisdicciones revisarán los contratos de anestesia por fuera de las carreras profesionales y efectuaron nuevos llamado a concurso en el marco de estas carreras.
7) El Comité de Seguimiento instruirá a las fiscalías de Estado y a los equipos jurídicos asesores para que realicen un seguimiento de denuncias sobre presiones de índole ilegal que puedan aparecer en el marco de la implementación nacional del Plan de Emergencia de Anestesia.
Yabkowski finalizó diciendo: “es imposible que en un país civilizado si faltan policías y hay inseguridad en las calles sean los propios policías los que digan que cupo tienen que tener las academias, para después hacer cotizar artificialmente alto el precio de sus servicios. Argentina es un caso único donde el cupo de anestesistas a formar lo hacen las Sociedades de Anestesia y no las universidades o el Ministerio de Salud”.
Buenos Aires gasta hoy 30 millones de pesos por año en estos contratos y ni siquiera tiene la potestad de sancionar a un anestesista que cometa un error en un quirófano de un Hospital Público. Aquellos anestesistas que quieren hacer crecer las residencias públicas de anestesia son expulsados de la Sociedades y se les coarta el trabajo en el sector privado.
“Nosotros venimos denunciando esta situación hace más de quince años sin ninguna respuesta del Estado Nacional ni del Estado Provincial. Esperemos que las declaraciones del COFESA no sean "para salir del paso" y que este problema grave se encare esta vez con seriedad”, concluyó Yabkowski.
recibir ACTA en tu correo electrónico
Piedras 1065 - Ciudad de Buenos Aires - República Argentina
(5411) 4307-6932 - prensa@cta.org.ar - www.cta.org.ar
sitio desarrollado en SPIP y alojado en www.redcta.org.ar