Un grupo de indígenas de diversas comunidades de la nación diaguita realizó ayer una protesta por distintos puntos de la ciudad en reclamo por el violento desalojo que sufrieron entre el jueves y el viernes pasado en tierras que históricamente les pertenecen. A partir de una orden judicial de desalojo, por parte de la jueza Ema de Nucci, efectivos de la comisaría de Tafí del Valle expulsaron a 22 familias que hace cuatros años ocupan un terreno ubicado a sólo cinco cuadras de la plaza principal de la ciudad, en Los Cuartos. Días atrás, otras cinco familias fueron expulsadas de las cercanías del lago La Angostura, en el Mollar.

En el caso de Tafí del Valle, la disposición judicial se habría emitido debido a que las tierras, insólitamente, son consideradas privadas. Las mismas estarían “pertenecerían” a terratenientes identificados como López Zavalía, Frías Silva y Terán Molina. En el Mollar, el desalojo estaría vinculado a la figura de área protegida que circunscribe a esas tierras fiscales.

Los habitantes originarios marcharon ayer desde Plaza Urquiza hasta Casa de Gobierno donde realizaron una manifestación. Durante la movilización, se realizó un escrache a la jueza De Nucci en las fiscalías penales de la Justicia provincial (Sarmiento al 400).

Posteriormente, ya en casa de Gobierno, el cacique de la comunidad de Tafí del Valle, Santos Pastrana junto a la abogada Mariela Flores se reunieron con el secretario de Gobierno provincial, Javier Noguera. Este se comprometió a interceder en la causa a través del intendente tafinisto, Carlos Rodríguez. Paralelamente, otro grupo (integrado en si mayoría por mujeres) denunció en la Fiscalía de Estado haber sido agredidos violentamente por policías durante el desalojo.

Por ahora, las comunidades esperarán la resolución del conflicto con varios frentes abiertos simultáneamente. La Legislatura podría sancionar en breve una ley de expropiación de tierras para su cesión a los pueblos originarios. A la vez, en los próximos días, se realizaría un planteo judicial aduciendo los derechos ancestrales que avalan la posesión de los latifundios.

En caso de que los desalojos continúen y la devolución de las tierras a sus históricos dueños se dilate todo indica que habrá nuevos piquetes sobre la ruta 307 (une Tafí del Valle con El Mollar) tal como sucedió el viernes tras el repudiable desalojo.