Las arcas del Banco Central guardan una reserva monetaria como pocas veces tuvo la Argentina: algo así como 35.000 millones de dólares. Pero no hay de qué vanagloriarse, tal superávit surge de no haber saldado la deuda interna, de habérsele extraído a los bolsillos del pueblo una enorme masa de riqueza que no ha sido devuelta y que se ha llevado y se sigue llevando el capital concentrado, es un superávit devenido de mantener tras cuatro años de crecimiento económico sostenido, la fenomenal desigualdad en la distribución de los ingresos. Es decir, se han acumulado fortunas en el Tesoro, también las utilidades de las grandes empresas multinacionales se ha multiplicado, pero las escuelas se vienen abajo, los hospitales carecen de insumos, hay Tribunales y edificios públicos con peligro de derrumbe porque no tienen presupuesto, tenemos 16 millones de pobres en un país que está recogiendo una cosecha récord superior a los 90 millones de toneladas, y una fuerza laboral de casi el 60 por ciento en negro o en situación precaria, con salarios o asignaciones absolutamente insuficientes, sin cobertura social o comprendidos dentro del bolsón del 8,7 por ciento de desocupados que reconoce el gobierno

Distribución retrógrada

En la distribución de los ingresos, hay más desigualdad que en 1998, año en que el esquema neoliberal del menemismo comenzó a hundirse. En aquel entonces, el 10 por ciento más rico acaparaba 23 veces más que el 10 por ciento más pobre, hoy esa brecha es de 28 veces.

El Instituto de Estudios y Formación de la CTA ofrece otro elemento de juicio: el 30 por ciento de la población más rica se apropia del 63,1 por ciento de los ingresos, mientras el 70 por ciento, se las tiene que arreglar con solo el 36,9 por ciento. Esto supone que por cada cien pesos de crecimiento económico, el 30 por ciento más rico se queda con 63,1 pesos y el 70 por ciento restante tiene que repartirse los 36,9 pesos que quedan.

Siguiendo la comparación con datos oficiales respecto a 1998, hoy tenemos 1.155.000 asalariados en negro más, el ingreso medio de los trabajadores ocupados cayó un 23,8 por ciento, tenemos 6.775.000 nuevos pobres y se registran 3.700.000 indigentes más.

La tasa de desigualdad, por tanto, se amplió un 28,3 por ciento. Porque después de cuatro años a un crecimiento anual acumulativo de casi el 9 por ciento, la producción total del país es superior a la de 1998, pero esa mayor riqueza generada por los trabajadores no se ha trasladado al grueso de la fuerza laboral y si, en cambio, en gran medida engrosó utilidades récords de las grandes empresas.

La información que brindó el INDEC nos dice al respecto que en los primeros nueve meses de 2006 las filiales locales de empresas extranjeras enviaron utilidades al exterior por 4.121 millones de dólares, esto es, 1.256 millones de dólares más que los remesados a sus casas matrices en todo el 2005.

El mínimo

Un salario mínimo debería ser, según marca la ley, la menor retribución que un trabajador sin cargas de familia debe percibir en una jornada legal que le permita cubrir el valor de los alimentos, vestimentas, vivienda, cultura, salud y esparcimiento. Sin embargo, el último salario mínimo dictado por el gobierno no alcanza siquiera a cubrir la Canasta de la Pobreza. Bajo esta situación -demuestran los datos del IEF- en la Argentina actual existen 8.771.420 trabajadores que perciben una retribución por debajo del salario mínimo. Es decir, el 54,8 por ciento de la fuerza laboral. Muchos de ellos -el 27,6 por ciento- no alcanzan ese salario ni en situación de superexplotación, trabajando más horas que lo establecido por ley.

Para el economista Claudio Lozano, de la Mesa Nacional de la CTA, la conclusión es que “la recuperación de los niveles de producción se asienta sobre el cuadro de mayor explotación laboral, mayor empobrecimiento social y mayor desigualdad distributiva”.

La negociación

Es verdad que, comparando con los datos de 2003, hay un muy pequeño mejoramiento salarial en el segmento de los trabajadores en blanco, pero en realidad tal índice no alcanza para señalar que haya un cambio de rumbo, por el contrario, a escaso tiempo de iniciarse el período de las negociaciones colectivas, la táctica oficial no explicitada, pero presente en las conversaciones con dirigentes de gremios enrolados en la CGT, sería la de fijar -como lo hizo el año pasado- un nuevo techo a los aumentos de salarios, que oscilaría entre un 15 y un 19 por ciento.

En este encuadre cabría relacionar las remociones habidas entre los profesionales del INDEC encargados de elaborar los índices de inflación. La Comisión de Delegados de este Instituto denunció, precisamente, que con los nuevos mecanismos de medición incorporados a la elaboración de tales índices, las autoridades aspiran a inducir menores montos de aumentos salariales.

De todos modos, esas negociaciones, una conquista de los trabajadores, apenas si involucraría este año a poco más de tres millones de asalariados, alrededor de un 15 por ciento de la fuerza laboral total. Hay trabajadores de la esfera pública, como judiciales y otros, a los que ni siquiera se les quiere reconocer su derecho a negociar remuneraciones en el marco de las paritarias. Además, existen cientos de asociaciones gremiales a las que no se dan personería gremial.

Juan Carlos Giuliani, de la Mesa Nacional de la CTA, relaciona, por otra parte, la mora del gobierno en otorgar tal personería a la CTA y a otras casi dos mil organizaciones sindicales, con la pugna por la distribución de la riqueza y la lucha por salarios dignos. Esta situación -agrega- perpetúa en el tiempo la indefensión de los trabajadores no representados por las estructuras gremiales tradicionales frente a los grupos económicos.

La relación entre lucha salarial y libertad sindical -nos explica- es directamente proporcional. A mayor participación de los trabajadores, más elevado será el nivel de las reivindicaciones alcanzadas. Ese protagonismo, ejercido a través de las comisiones internas, los cuerpos de delegados, las organizaciones sindicales de nuevo tipo o las asambleas generales para aprobar o rechazar los Convenios Colectivos de Trabajo suscriptos por los dirigentes, promueve una situación de efervescencia, de debate y movilización que innegablemente favorece a los intereses de la clase en el marco de la negociación convencional y salarial.

Por el contrario -señala Giuliani-, el mantenimiento del actual estado de cosas implica que la mayoría de los Convenios sean firmados por uniones nacionales con escasa o nula intervención del sujeto colectivo. Y que se reiteren hasta el hartazgo prácticas peyorativas para los intereses de los trabajadores. Tal el caso de la firma de convenios a la baja a cambio de prebendas corporativas, como los descuentos compulsivos de cuota sindical.

Ingresos universales

Claudio Lozano nos señala que en el panorama de acentuada desigualdad, el único modo de revertir la situación de injusticia social vigente y de construir un nuevo piso de ingresos para el conjunto de los hogares argentinos, es una política de Estado que actúe fuertemente sobre los tres grupos más vulnerables: resolver la situación de los millones de menores en situación de pobreza, de los mayores excluidos del sistema provisional y de los excluidos del mercado laboral. Tal actitud fortalecería la capacidad de discusión de los trabajadores ocupados.

Esto debería implementarse dentro de una política general de ingresos capaz de llegar no solo a los trabajadores formales sino al conjunto de la población. En tal contexto -señala el IEF- hay que promover la desconcentración de la riqueza, terminar con la regresión distributiva, recuperar las herramientas claves de la economía, poner barreras al saqueo de los poderosos grupos multinacionales y reducir las disparidades de carácter regional. También, articular la libertad y democracia sindical.

La prioridad debe estar en la niñez de los miles de hogares pobres. “Nuestro país -indica Claudio Lozano- no puede seguir tolerando la inequidad que supone pagar un salario familiar por hijo solo a los trabajadores registrados. Configura una clara discriminación pagarle a un chico en función del lugar laboral que ocupe su padre. Proponemos, entonces -sostiene- reemplazar el sistema actual por la vigencia de una asignación universal por hijo. Y también habrá que reemplazar el Plan de Jefes y Jefas por un seguro de empleo y formación”.

El punto de referencia de una política salarial no puede seguir siendo lo que deseen pagar los empresarios. Existe del otro lado una realidad social tajante, difícil e injusta. En la Argentina actual, una canasta familiar para una familia tipo con dos hijos en edad escolar -para Capital y Gran Buenos Aires- está en los 2.800 pesos.

Para que haya acceso del conjunto de la fuerza laboral a esta cifra, hace falta del Estado la aplicación de una política específica. Se trata -nos dice Lozano- “de promover una política de carácter integral dirigida a revertir la matriz de profunda desigualdad que plasmara en Argentina el neoliberalismo. Requiere, por lo tanto, modificar los vectores de la demanda, de manera que sea el consumo popular y no el de los altos ingresos y las exportaciones los que definan el perfil productivo, necesitamos políticas expresas de desconcentración, cambios en el modo en que el Estado interviene en el proceso económico, y un replanteo del esquema monetario y financiero”.

Es decir, la batalla por el salario es, también, batalla económica y política, batalla por la libertad y la democracia, batalla contra el saqueo de nuestras riquezas y por la soberanía. Y los trabajadores tenemos mucho qué decir al respecto.