Las exigencias van más allá de retrotraer los efectos del tarifazo y el no pago de las boletas. Los barrios autoconvocados plantean que el agua sea declarada como recurso público y social, la anulación con causa y sin indemnización del contrato de concesión a Suez y la creación de una empresa de gestión pública del recurso con participación directa y democrática de los usuarios y los trabajadores.

Para Bazán esta primera movilización coordinada de los barrios es clave para que “la gente se involucre en el tema, como viene haciéndolo hasta ahora, ya que es la única manera de que esta multinacional corrupta de Suez se vaya, como pasó en Tucumán en 1998 y en Santa Fe hace poco”.

El dirigente enfatizó que la propuesta de su sector para prestar el servicio de agua en Córdoba “es una alternativa superadora” que consiste en constituir “una empresa de gestión pública con participación de los trabajadores, del Estado y de los usuarios para garantizar transparencia en la gestión”.

¿Cree que la lucha que están llevando a cabo desde hace tiempo por la reestatización del servicio dará sus frutos?

Nosotros resistimos durante diez años la privatización, y a pesar de que se concretó de manera parcial en la ciudad de Córdoba, pudimos presentar alternativas con los trabajadores en localidades del interior como Río Cuarto, Mina Clavero y Villa Dolores, donde se municipalizó y cooperativizó el servicio. Desde esa época hemos venido advirtiendo que en la medida que persista la permanencia en la operación de servicios de empresas multinacionales se agudiza la dificultad del usuario para acceder al servicio. Hoy en la ciudad de Córdoba alcanzó su punto extremo ya que la renegociación del contrato hasta el 2027 y el tarifazo que impuso Aguas Cordobesas con la complicidad del gobierno no sólo generará consecuencias económicas sino también sanitarias en la población.

¿Considera un despropósito del gobierno haber aceptado la renegociación del contrato hasta el 2027?

Es inaceptable desde el punto de vista de la dignidad política y la soberanía de un Estado porque socialmente es imposible de sostener dado que atenta contra la salud pública, y sí a eso le agregamos que hay condiciones sociales de conflictividad se genera lo que se denomina el “espejo boliviano”, esto es la posibilidad de que se produzcan estallidos populares. Evidentemente que en el gobierno de Córdoba hay un grado de degradación y ruptura con los intereses de la sociedad que ha llegado al extremo de aceptar condiciones que son inconcebibles con una empresa como Suez que es tristemente famosa por su alto grado de corrupción. En estos casos, la manipulación mediática juega un importante papel y acá en Aguas Cordobesas se corporiza con la nefasta presencia de Gregorio Díaz Lucero, un hombre útil al sistema y que antes dejó una mala impronta en Renault y Telecom.

¿Coincide con el intendente Luis Juez en que el contrato con Aguas Cordobesas es un negociado del Gobierno provincial?

La posición del intendente Luis Juez se aproxima a la nuestra porque nosotros venimos denunciando esta situación antes de que se produzca y durante todo el proceso privatizador. Muchas veces lo hicimos en soledad y ahora celebramos que se vaya tomando conciencia y que se sumen todos los dirigentes políticos y sociales que tengan un grado de responsabilidad y reserva en la defensa de los intereses de los sectores populares. Juez tiene razones esenciales para denunciar esta situación porque él gobierna esta ciudad y no ha sido parte lo que significa una grave violación a la Constitución provincial que reconoce el poder de decisión y la propiedad de los servicios a los municipios, algo que el intendente podría utilizar para impugnar todo este proceso”.

¿Cómo evalúa la participación del Ersep en esta problemática del agua?

Los organismos de regulación, como en este caso el Ersep, le quieren hacer creer a la población que controlan y regulan la prestación de los servicios, cuando en realidad son organismos manejados directamente por las empresas interesadas y por gobiernos cómplices. Tan es así, que ex empleados del Ersep reconocen que no tienen autonomía y tampoco juegan un rol técnico sino que sólo legitimizan políticas favorables a los intereses de las empresas. Un claro ejemplo de esto, son las declaraciones de la titular de la Ersep, Carmen Rodríguez, quien sin movérsele un pelo dijo que era necesario un aumento en las tarifas de agua. Lamentable.”

¿Considera que la publicitada tarifa social que impulsa Aguas Cordobesas beneficiará a la población?

Nosotros decimos que estas empresas tienen mecanismos de maquillaje y lubricación de la opinión publica y en este sentido la tarifa social es un mecanismo de lubricación para evitar que sea homogénea la respuesta de la sociedad. Van aislando bolsones de la población para atenuar la posibilidad de indignación para mientras tanto avanzar en el incremento de las tarifas. El aumento de las tarifas será paulatino porque al haber determinado una tarifa básica que solo cubre 10 m3 mensuales habilita a la empresa a un porcentaje de aumentos sin límites y entonces el usuario progresivamente terminará pagando, en algunos casos, un aumento superior al 500 por ciento. Es evidente que estamos en presencia de una asociación no ilícita pero sí legitimada institucionalmente para convalidar los intereses de grandes grupos económicos.

¿Qué opina sobre la declaración del gobernador que dijo que no va a permitir que los vecinos sean perjudicados por Aguas Cordobeses?

Los gobernantes no asumen la responsabilidad que tienen con la gente. Es una paradoja que hasta el más peligroso de los delincuentes como “El porteño” Luzi asume su responsabilidad criminal, mientras que los gobernantes miran para otro lado en los asuntos que les competen. Es una burla al sentido común y el colmo del cinismo porque todo el mundo sabe que el principal culpable de esta situación es el gobernador y sus legisladores quienes levantaron la mano para que se consume este negociado que es una decisión rayana en la criminalidad social. En las democracias condicionadas como la nuestra los genocidios no se cometen con las mismas armas que en las dictaduras, pero producen genocidios sociales como la desocupación y el hambre.