El próximo 15 de marzo a las 11.30 se llevará delante una nueva audiencia por la causa penal Nº 8568/99 que llevan adelante los ex trabajadores de YPF y de Petroquímica Mosconi contra la privatización “fraudulenta” de esas empresas estatales. “Regalaron las empresas, fue una entrega política de nuestros recursos naturales. Por eso esta es la causa de la dignidad, si toda la ciudadanía apoyara esto, hace rato que hubiéramos ganado” expresó la Dra. Alejandra Ruth Dibo, quien es la representante legal que comenzó con los juicios por la privatización fraudulenta de los hidrocarburos, en el año 1999.

La causa está caratulada como "YPF S.A. S/Delitos de Acción Pública", y es una denuncia penal contra YPF S.A., y contra los implicados - entre ellos directivos de la empresa, funcionarios, sindicalistas y operadores de la bolsa - en la venta del paquete accionario que correspondía por ley a los trabajadores.

“Cuando comenzó este proceso de entrega y fraude a los empleados, yo era abogada de SUPE - Sindicato Único Petrolero del Estado - y me alejé e inicié la denuncia penal, que es la primer causa por defraudación contra los trabajadores, y hoy están indagados 33 directivos de Repsol YPF y actuales funcionarios del Gobierno” señaló Dibo, quien sumó a la causa penal 8568/99 una carta que envió al Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, en la que señala los instrumentos legales para anular los contratos con la empresa española.

Según los querellantes, la venta de YPF fue ilegal, ya que Repsol compró en forma fraudulenta sus acciones en litigio. Entre las personas involucradas en esta operación se encuentran Alessandra Minnicelli, síndico general adjunta de la Nación y esposa del ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex presidente de la petrolera española Repsol YPF, Alfonso Cortina; y Norberto Noblia, ex asesor jurídico y ex director de Asuntos jurídicos de la empresa. Todos ellos fueron desprocesadas por el juez federal que lleva adelante la causa, Claudio Bonadío, el anteúltimo día hábil antes de comenzar la feria judicial en diciembre de 2006, sin terminar de tomar declaración testimonial. Esta resolución fue apelada por la abogada querellante Dra. Divo, el Fiscal de 1º Instancia y de 2º Instancia de la Cámara de Apelaciones.

Hoy la causa esta en la Cámara Federal Nº 2 con el pedido urgente de remisión a dicha Cámara de todas las pruebas incriminatorias “Que a esta altura del proceso son irrefutables” señaló Carlos Guanciarrosa, referente de Agrupación Enrique Mosconi (CTA) que nuclea a los trabajadores damnificados por la venta de las empresas petroleras, y desde donde se impulsa la causa penal.

“El próximo 15 de marzo se resuelve en la Cámara Federal Nº 2 de Comodoro Pí si se termina la impunidad o sigue la corruptela neoliberal” denunció Guanciarrosa, quien además informó que “Bonadío por un lado rechazó la medida cautelar con respecto a las ventas de las acciones en caución para pagar a los que ya cobraron - las 4 mil personas que quedaron trabajando en desmedro de los 30 mil despedidos - pero ante el pedido de apelación de la Dra. Dibo, el Juez dio lugar y la audiencia otorgada por la Cámara es el día 15 de marzo. Allí la abogada va a hacer una exposición invoce”.

La gran estafa

Cuando fue privatizada YPF en el año 1993 con la gestión de Carlos Menem, según el Programa de Propiedad Participada establecido en la Ley 23.696, llamada de Reforma del Estado, a los trabajadores les correspondía el 10% del paquete accionario de la empresa. Sin embargo, el gobierno de Menem vendió en el año 1997 la totalidad de las acciones a la firma española Repsol, quien estaba en conocimiento del litigio. “Lo que ocurrió con las empresas de hidrocarburos en la Argentina fue una gran estafa. Y hoy están las pruebas y las condiciones para que se anule el contrato a la empresa Repsol y recuperar el gas y el petróleo de nuestro suelo que son sinónimo de soberanía” dijo Guanciarrosa.

A través de esta demanda penal, queda en evidencia que la venta de YPF fue "ilegal". Según el documento que presentó la Dra. Dibo a Kirchner, el gobierno está en condiciones de anular la venta de la empresa petrolera. Entre algunas razones se indica que esa venta se efectuó mediante una adjudicación directa, sin la correspondiente oferta pública, violando normas constitucionales. Además el valor de venta fue fraudulento: se vendió a 11.500 millones de dólares (épocas de uno a uno) y hoy vale más de 25.000 millones de la moneda norteamericana; Repsol YPF conocía al momento de la compra la existencia -entre otros- del Decreto 628/97 donde, en su Artículo 4º, reconoce la existencia de medidas cautelares por parte de ex trabajadores de la petrolera estatal, o sea que compraron "bienes litigiosos".

Bolivia lo hizo

“Que en históricas jornadas de lucha, el pueblo ha conquistado a costa de su sangre, el derecho de que nuestra riqueza hidrocarburífera vuelva a manos de la nación y sea utilizada en beneficio del país” reza el Decreto Nº28701, publicado en la Gaceta Oficial de Bolivia y firmado por Evo Morales Ayma, Presidente Constitucional de la República de Bolivia.

De este modo, la República hermana recuperó los recursos hidrocarburíferos de su territorio nacional, obligando a las empresas petroleras a que entreguen toda la producción de gas y petróleo a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a partir del 1º de mayo d 2006. En su primer artículo dice “El Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de estos recursos”.

Dicho documento expresa claramente que “las actividades de exploración y producción de hidrocarburos se están llevando adelante mediante contratos que no han cumplido con los requisitos constitucionales y que violan expresamente los mandatos de la Carta Magna al entregar la propiedad de nuestra riqueza hidrocarburífera a manos extranjeras”; “Que el llamado proceso de capitalización y privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB ha significado no sólo un grave daño económico al Estado, sino además un acto de traición a la patria al entregar a manos extranjeras el control y la dirección de un sector estratégico, vulnerando la soberanía y la dignidad nacionales”.

Para tomar esta medida se basan en un Referéndum llevado adelante en julio de 2004 a través del cual “el pueblo ha decidido, de manera soberana, que el Estado Nacional recupere la propiedad de Todos los hidrocarburos producidos en el país” y agrega “Que de acuerdo a lo expresamente dispuesto en los Artículos 136, 137 y 139 de la Constitución Política del Estado, los hidrocarburos son bienes nacionales de dominio originario, directo, inalienables e imprescriptibles del Estado, razón por la que constituyen propiedad pública inviolable”.

Además, mencionan a tratados internacionales como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto de los Derechos Económicos y Culturales, suscritos el 16 de diciembre de 1966, los cuales determinan que: "Todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio reciproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia..."

Es importante mencionar que YPFB, surge en 1936, como producto de una política petrolera latinoamericana impulsada por el argentino Enrique Mosconi, quien fue el primer director de Yacimientos Petrolíferos Fiscales YPF de la República Argentina ya en año 1922. El General Enrique Mosconi, promovió la nacionalización de los recursos estratégicos para asegurar la Soberanía Nacional. Fue un ferviente defensor de la monopolización por parte del Estado, no solo del recurso sino de todo el proceso de producción, como la única manera de vencer en la lucha comercial al capital privado.

Con el ejemplo de YPF surgió en Uruguay la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP), en el año 1931. Luego fue el turno de Bolivia con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en 1936, seguido por México, cuyo presidente Lázaro Cárdenas ordenó la inmediata nacionalización de toda la industria petrolera mexicana PEMEX, en 1938; y Brasil lo hizo en 1953 con la segunda presidencia de Getulio Vargas.

Esta etapa de unidad y desarrollo latinoamericano, se vio frustrada por los sucesivos golpes de Estado en nuestro continente, que fueron entregando estos recursos y con ello la soberanía de nuestros pueblos sobre sus territorios.

En la actualidad, las decisiones en materia de recuperación de recursos estratégicos que llevan adelante Venezuela y Bolivia en nuestro continente, abre un nuevo panorama político en la región. Nuestros países hoy vuelven a estar en condiciones de recuperar sus recursos para distribuir la riqueza. En términos macroeconómicos la Argentina también puede hacerlo, solo falta la decisión. Así lo expresa el decreto boliviano “Es voluntad y deber del Estado y del Gobierno Nacional, nacionalizar y recuperar la propiedad de los hidrocarburos”.