El pasado viernes, tras una Audiencia de Conciliación convocada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, se reunieron con el Jefe de Gabinete de la cartera laboral, Norberto Ciaravino, los representantes de las empresas contratistas de Alto Paraná; Pedro Wasiejko, secretario adjunto de la Central de Trabajadores de la Argentina; Lorenzo Barrientos, Secretario General del SOEP, el abogado de la CTA Javier Izaguirre y los representantes legales del SOEP, Héctor García y José Tribuzio junto con uno de los trabajadores. Participaron además un representante gremial de la UATRE y su asesora letrada.

Los representantes de la UATRE reclamaron la representación formal de los trabajadores motosierristas y la exclusión del SOEP del trámite conciliatorio, planteando además la necesidad de resolver un conflicto de encuandramiento sindical entre las dos organizaciones sobre la representación de los trabajadores motosierristas. Sin embargo, Lorenzo Barrientos, secretario general del SOEP afirmó que "el conflicto no es de encuadramiento sino que se originó a partir de los diferentes incumplimientos previsionales, laborales y de seguridad e higiene por parte de las empresas contratistas. En muchos casos estas empresas funcionan como personas físicas interpuestas que encubren fraudulentamente la relación de trabajo entre Alto Paraná y los trabajadores".

"Si bien Ciaravino dictó la Conciliación en el marco de un conflicto de encuadramiento, está más que claro que la situación conflictiva se originó por una situación de abuso por parte de las empresas que no sólo se niegan a respetar los derechos de los trabajadores a la organización sindical libre y democrática sino que también se abusan de los trabajadores a los que les pagan entre 300 y 400 pesos, menos de la mitad del salario mínimo, vital y móvil, por jornadas de trabajo que se extienden desde las 6 de la mañana hasta las 7 u 8 de la tarde", señaló Wasiejko tras la reunión.

La patronal quiere digitar la representación obrera

El conflicto se profundizó cuando los 300 motosierristas que trabajan para la empresa de celulosa Alto Paraná, en la provincia de Misiones, denunciaron que los estaban obligando a afiliarse forzosamente a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), desconociendo la representación del Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria de Celulosa, Papel y Cartón de la Provincia de Misiones (SOEP - CTA), al que ya están afiliados y defiende sus derechos.

Los empresarios, que pretenden obligar a los trabajadores a afiliarse a UATRE desconociendo la representatividad del SOEP, violan los Convenios 87 y 98 de la OIT que tienen jerarquía constitucional y supralegal respectivamente y el Artículo 14 bis de la Carta Magna que garantizan la libertad sindical a través del derecho a huelga, las negociaciones colectivas y el derecho a la organización sindical libre y democrática.

El representante legal del SOEP, José Tribuzio señaló que "las empresas quieren llevar a los trabajadores a un conflicto interno planteando la necesidad de disputar un encuadramiento sindical, cuando en realidad lo que importa es la actitud representativa y la vocación defensiva del gremio y la decisión de los trabajadores de afiliarse a ese sindicato. Cuando los trabajadores se afiliaron al SOEP no había ninguna otra entidad gremial implantada en la zona que los representara. Ahora, que tienen quien defienda sus derechos, los empleadores pretenden que los motosierristas se afilien, bajo amenaza de despido, a otro sindicato que no los representa".

En la zona de Wanda, Esperanza y Libertad, alrededor de 10 empresas contratistas de Alto Paraná emplean a trabajadores motosierristas que trabajan el monte en condiciones muy precarias. "No tienen cobertura en caso de accidente ni servicios de salud. Los pasan a buscar por sus casas en camiones rotos y los llevan como ganado hasta el monte. Se van a las cinco de la mañana de sus casas y vuelven a la noche", explicó Barrientos. Y agregó: "Trabajan de lunes a sábado y también los feriados, en forma obligatoria. A pesar de que en algunos recibos de sueldo figura que los trabajadores cobran mensualmente entre 800 y 1500 pesos, la realidad es que sólo reciben entre 300 y 800 ya que hacen figurar como `adelanto’ los insumos necesarios para el trabajo, que debería ser provisto por la empresa. Por necesidad, los trabajadores firman los recibos, pero es una situación absolutamente irregular e injusta".

En agosto del año pasado, la empresa mantuvo un conflicto con los trabajadores cuando "los compañeros se acercaron al SOEP y comenzaron a afiliarse masivamente. Como represalia, las empresas comenzaron con despidos y suspensiones con la excusa de que no tenían los elementos de seguridad necesarios para trabajar, como si el trabajador tuviera que comprarlos en vez de dárselos la propia empresa", señaló Barrientos.

Según el titular del gremio, "a pesar de que el desmonte es un servicio tercerizado, nosotros sabemos que esas empresas pertenecen a testaferros de la propia Alto Paraná. Incluso los inspectores, que son los que controlan la tala de los árboles, son de la empresa. En realidad Alto Paraná es su verdadero patrón".

Barrientos señaló que "en esta zona de la provincia las leyes laborales no tienen vigencia y la explotación de los trabajadores, quienes realizan sus tareas en condiciones infrahumanas, es un hecho cotidiano".

"Alto Paraná controla y tiene incidencia sobre todas las localidades de la zona y maneja todo el trabajo y la economía. Ha comprado más del 40% de las tierras de la provincia, donde está plantando lo que nosotros llamamos el desierto verde, hectáreas de pinos, donde no vive nada, porque allí no van los pájaros a hacer nido y donde otras especies se han extinguido, porque esos árboles no son parte del ecosistema del lugar", concluyó Barrientos en referencia a los trastornos ambientales que también genera la empresa.