Añade la nota que “no nos asusta el intercambio de opiniones, pero sí llama poderosamente nuestra atención un aparente desconocimientos tanto de las funciones del Defensor, como de la responsabilidad del Estado Argentino obligado a cumplir con los convenios internacionales que ha firmado. Responsabilidad de la que deben ser conscientes todos los integrantes del Poder Judicial”.

Para la CTA villamariense, “confiando en la sapiencia del magistrado cordobés, caemos en cuenta que quizás las críticas del doctor Vélez no están guiadas por el desconocimiento sino por la necesidad de defender a su pariente, el fiscal Carlos Viramonte, quien interviene en la causa donde se detuvieron 39 personas por la pueblada de Corral de Bustos. Quizás ése, y no otro, sea el principal motivo por el cual a Vélez le cae mal que Mondino se preocupe por la dilatada prisión a la que están siendo sometidos los vecinos de Corral de Bustos. Causa en la que primero se detuvo la gente y recién luego se pusieron a investigar”.

El texto sostiene que “a Vélez parece no preocuparle que se denuncien aprietes a ciudadanos para inducirles declaraciones para armar la causa o que se trate mal a los detenidos. Parece que está mal, según el doctor, que el Defensor del Pueblo de la Nación manifieste que deben hacerse todos los esfuerzos posibles para asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Vélez, por defender a su pariente, parece haber olvidado el artículo 86 de la Constitución Nacional y las responsabilidades que Mondino tiene en su cargo que, casualmente están relacionada con el cumplimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

A renglón seguido la CTA de Villa María afirma: “Con respeto, decimos que bien haría Vélez en tomar nota del deterioro que tiene la relación entre la justicia cordobesa y la población. Por más que su pariente Viramonte trate de pintar otra cosa, el 4 de diciembre en Corral de Bustos tuvo lugar una manifestación originada en el reclamo de justicia, en el hartazgo de la gente por el mal desempeño que venía teniendo los representantes de la familia judicial en el lugar. Claro que la solución no es, ni será, prenderle fuego a un edificio, pero tampoco es solución la defensa corporativa o el salir a poner la cara por aquellos parientes a los que les queda grande el cargo y se toman todo el tiempo del mundo para actuar en detrimento de los derechos de los ciudadanos. Que diferencia con los familiares de los presos que piden “una investigación a fondo” y que se desvele todo lo que pasa en la zona de Corral de Bustos”.

La CTA “no avala el vandalismo, pero sí reconoce y apoya las manifestaciones genuinas de la gente, y así deben ser reconocidas las marchas que todos los lunes se realizan en Corral de Bustos, con la participación de más de mil vecinos del lugar. Que no se asuste Vélez, Corral de Bustos no es un pueblo delincuente, tampoco incendiario. Cada lunes pide, de manera pacífica, por un servicio de justicia transparente, eficiente y respetuoso de los derechos de los ciudadanos. Y cuando al solicitar la libertad de los detenidos por la pueblada del 4 de diciembre, deja en claro que no se está hablando de cajonear la causa ni tampoco se aboga por impunidad. Al contrario, se sostiene algo que usted debiera conocer, dado que no existe necesidad de tener a esos vecinos presos porque no existe posibilidad que los mismos escapen o, con sus libertades, pongan en riesgo la prosecución de la causa”.

Por último, el parte de prensa de la CTA que también lleva las firmas de Jesús Chirino y José Luis Bernabé, secretario de Derechos Humanos y de Organización, respectivamente, indica que “el fiscal Viramonte debería entender que el equilibrio, la mesura y capacidad investigativa no son características en desuso para un fiscal, que tendría que haber echado mano a ellas en algún momento y no meter 39 presos, partiendo en dos una localidad. También podría decirle que la expresión del Defensor del Pueblo Eduardo Mondino, como la de los miles de vecinos, y las de organizaciones como la CTA, hacen bien si queremos una sociedad con una mejor justicia, con magistrados probos, capaces y comprometidos con los derechos humanos”.