Después de un arduo debate, la Cámara de Diputados de la Nación logró aprobar finalmente en particular el jueves pasado y giró al Senado una iniciativa que prohíbe la tala indiscriminada de bosques nativos, en el marco de la primera sesión del período ordinario del año. La norma que fija presupuestos mínimos para la protección de bosques nativos, prohíbe los desmontes y establece un plazo máximo de un año para que cada provincia realice un ordenamiento de sustentabilidad de los bosques en distintas categorías de conservación.

La sesión se inició con la lectura pormenorizada de los artículos y las modificaciones consensuadas, ya que algunos legisladores dijeron desconocer los cambios acordados previamente entre los legisladores del oficialismo y la oposición. Al defender el proyecto, Miguel Bonasso, autor de la iniciativa original, puso de relieve el consenso al que se llegó con las modificaciones incorporadas aunque recordó que hubo sectores "expulsados por la producción sojera y maderera que han venido atacando esta ley".

El proyecto había sido aprobado en general en noviembre pasado pero la discusión en particular se postergó debido a las diferencias que generó el texto entre los legisladores de varias provincias del norte e incluso provocó fuertes controversias en el seno del bloque del Frente para la Victoria-PJ.

Desde el oficialismo, el diputado del Frente para la Victoria-PJ por Salta, Antonio Lovaglio, respaldó la norma, al recordar que los desmontes "no sólo afectan la biodiversidad sino el estilo de vida de los pobladores". También, el legislador del Frente para la Victoria de Córdoba Alberto Cantero, destacó que las modificaciones "consolidan la autoridad de las provincias para ratificar su autonomía" y se mostró convencido que la ley "pone un freno a que se sigan destruyendo nuestra fauna y nuestra flora".

La norma establece, entre otros aspectos, que las autorizaciones podrán ser otorgadas una vez realizado el ordenamiento de los bosques nativos, a la vez que dispone que la secretaría de Medio Ambiente exigirá al solicitante una evaluación del impacto ambiental.

La votación total de la ley en particular fue de la siguiente manera: 141 afirmativos, 15 negativos y 6 abstenciones. En la primera sesión ordinaria del año hubo 91 ausentes.