Las denuncias transitan el país y el mundo.

Repsol declara una baja de un 25% en sus reservas de petróleo y gas. Dentro de ese 25%, la baja en la Argentina es del 42% y en Bolivia del 53%. El escándalo internacional incluye diferentes demandas de accionistas en Estados Unidos, por fraude e información engañosa y falsa, y posturas inclaudicables de gobiernos como el de Bolivia que ha tomado como propia la denuncia y donde también, la justicia investiga a la filial de la empresa en ese país por un fraude de 9 millones de dólares por contrabando y falsificación de documentos aduaneros.

En España, la petrolera también enfrenta resistencias, como en Almería y las Islas Canarias o las penalizaciones por contaminación en Tarragona.

En Neuquén las denuncias por contaminación en las napas subterráneas se multiplican.

Mientras tanto, a pesar de la catarata de denuncias, Repsol muestra impune sus logros (la continuidad en nuestro país de una política que santifica el chantaje de las privatizadas), un 30 por ciento más de crecimiento durante el año que pasó, si es que esas cifras son comparadas con las del 2004.

Indudablemente la política del chantaje le ha dado resultado a la transnacional. Le permite explotar petróleo barato tanto en Libia como en nuestro país o como antes de la asunción del gobierno de Evo Morales lo hacia en Bolivia.

En Argentina las denuncias en el CIADI le permitieron arrancarle al gobierno contratos ilimitados para explotar nuestra plataforma submarina. Y en Neuquén subsidia el proyecto presidencial de su actual gobernador, a pesar de las denuncias ya mencionadas de las comunidades mapuches, organizaciones ciudadanas y sindicales.