Se termina el verano de 1998. Marta Maffei, Víctor Mendibil, Alberto Morlachetti, Víctor De Gennaro, Alberto Piccinini y Juan Carlos Camaño saben bien adonde van y lo que tienen que hacer.

Mucho tiempo esperaron y buscaron esta oportunidad y ahora que se presenta, están decididos a no dejarla pasar. Es hora de terminar con la impunidad, esa que en la Argentina amenaza con perpetuarse y dejar en libertad a los responsables del genocidio.

“Lo primero que se discutió es si había que ir o no y si nosotros teníamos que producir testimonio fuera de nuestro país para que en Argentina hubiera justicia después del Nunca Más, después de la CONADEP habiendo trabajado tantos años”. La que reconstruye aquel momento de debate es Marta Maffei, por entonces dirigente de la CTERA y hoy diputada nacional.

“Después de los indultos muchos sentimos que había que encontrar otro espacio para avanzar en el juicio a los genocidas. Gente que había participado en el horror, que tenía más información, que sabía de los listados, de las películas guardadas, de las fotografías, de los expedientes de cada uno de los compañeros, no debía quedar impune y toda esa información, también, corría el riesgo de perderse. Entonces nos parecía que había que dar este paso”, sostiene Maffei.

No estamos solos

Horacio González trabaja como asesor de la Central de los Trabajadores Argentinos desde su creación, allá por mediados de la década del noventa. Junto a Juan Carlos Capurro tuvieron la responsabilidad de preparar la presentación que los dirigentes de la CTA llevaron ante la Audiencia Nacional española con el objetivo de aportar pruebas contundentes para el juzgamiento de los represores argentinos, por ese entonces amparados en “puntos finales” y “obediencias debidas”.

¿Cómo surge la idea de hacer esta presentación?

Fue una iniciativa de la Central, en un momento en el cual estaba por un lado desarrollándose la causa en España y por otro lado en Argentina se había presentado un proyecto de ley impulsado por varios diputados, entre ellos Alfredo Bravo, planteando la nulidad y la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. La mayoría se opuso a la nulidad y la inconstitucionalidad; planteaban que a lo sumo correspondería una derogación porque no se podía ir hacia atrás con la legislación. Me acuerdo que Chacho Alvarez y el resto de los legisladores frepasistas impulsaron la derogación que fue la iniciativa que, en definitiva, triunfó.

¿Usted trabajó en el proceso de recolección de pruebas?

Sí, yo trabajé con el doctor Capurro en el escrito jurídico que se presentó y en la prueba. Nos complementamos bastante, yo en la parte constitucional y Juan Carlos en las figuras penales. Y Claudio Lozano aportó un trabajo sobre el accionar de la dictadura militar en el campo económico, sobre todo el tema de la desindustrialización, la destrucción del aparato productivo. Con esto se comprobó que lo que llevó adelante la dictadura fue un plan mucho más integral.

A pesar de la iniciativa del juicio en España, los abogados de la CTA nunca desactivaron la otra vía, la del juzgamiento en territorio argentino. “No solamente patrocinamos la causa en España sino que acá, ya en ese entonces, impulsamos el caso Ventura en los Juicios por la Verdad y pedimos que el tribunal se pronunciase por la nulidad del Punto Final y la Obediencia Debida”. Carlos Ventura está desaparecido desde 1977. En ese entonces se desempeñaba como empleado del PAMI Delegación VII de La Plata y de la agencia de hipódromos de Avellaneda. El de Ventura “es el único caso en donde, además del Punto Final y la Obediencia Debida nosotros planteamos ante la Corte Suprema también la inconstitucionalidad de los indultos. Desde hace seis años la Corte tiene que pronunciarse sobre esto y todavía no lo resuelve, ni siquiera con la nueva composición, esperamos que algún día lo haga”, se ilusiona Capurro.

Sale el sol

La primavera anuncia su llegada. Puerta del Sol, más soleada que nunca, es la recepción ideal para los dirigentes sindicales argentinos que llegan a Madrid. Por su parte, los dos abogados de la Central, junto a Carlos Slepoy, trabajan desde hace un par de días en el escrito que se presentara ante el juzgado. A la mañana siguiente, todos se encuentran en la sede de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Maffei recuerda: “Caminamos las cuatro o cinco cuadras que nos separaban de la Audiencia Nacional con nuestros compañeros. Venían con nosotros varios dirigentes de la organización española, quienes estuvieron al lado nuestro. Para mí eso fue, tal vez, el mejor apoyo. Nos sentimos muy acompañados y nos sentimos muy confortados de que la Central española asumiera la responsabilidad de involucrarse con nosotros en un acontecimiento de esta magnitud”.

En un edificio antiguo, de cuatro pisos, fuertemente custodiado por los guardias civiles, se encuentra la sede de la Audiencia Nacional. “Entramos y como éramos extranjeros teníamos que presentar el pasaporte o algún documento para ingresar al juzgado”, rememora Capurro. Por su parte, González apunta: “Una vez que ingresamos fuimos al piso donde estaba la audiencia, tuvimos que esperar unos minutos hasta que terminara otra actividad del tribunal y ahí ingresamos todos”.

Allí los espera Baltasar Garzón Real, un jurista español nacido el 26 de octubre de 1955 en Torres, Jaén, quien desde 1983 se desempeña como magistrado, especializándose en la instrucción de más de una veintena de causas contra la organización terrorista ETA y en investigaciones sobre terrorismo y tráfico internacional de armas. “Tomen asiento, por favor”, pide amablemente el magistrado a los nueve argentinos que ingresan al amplio despacho en el que se destaca una mesa rectangular grande y un escritorio en la cabecera. “Algo más bien informal”, según la definición de González. Flanqueado por sus dos secretarios que apuntan todo lo que se dice, Garzón escucha atentamente la exposición de cada uno de los dirigentes, quienes hablan libremente durante más de dos horas. “Luego le hicimos entrega de todas las pruebas documentales y el escrito que habíamos preparado”, evoca Capurro.

González sostiene que “este era un proceso abierto por investigación de los delitos cometidos contra determinadas personas que estaban planteadas dentro de la causa y en las cuales se investigaba el genocidio por parte del Estado argentino. Nosotros íbamos para ayudar a la investigación, por eso lo que llevábamos eran pruebas, documentales y testimonios de quienes, de alguna manera, habían actuado y que pudiera agregarle elementos a Garzón para continuar la investigación”.

Para Juan Carlos Camaño “el haber estado ahí, dando testimonio los compañeros que fuimos, cada uno con su perspectiva ideológica, con los matices que nos diferenciaban pero nos unían fuertemente en lo principal, que no era sólo la denuncia sino la reivindicación de una historia, yo lo viví como un hecho enormemente trascendental”.

El dirigente de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) recuerda: “Yo creo que ninguno de los compañeros que estuvieron ahí fue a contar una historia que le contaron sino que fue a contar una historia que vivió y que padeció de alguna manera, y además, al hacer alusión a aquel tiempo, a aquellos hechos y a determinados compañeros, estaba claro que cada uno de nosotros revivía el momento; porque a quien más quien menos se le hicieron agua los ojos, cada uno a su manera habrá recordado algún hecho, algún nombre, alguna cara. Eso es intransferible... siento que estábamos cumpliendo con algo que había que cumplir y al mismo tiempo, todas las emociones y conmociones de alguien que a pesar de que lo vivió y que lo padeció de forma directa, indirecta y en todos los planos que vos quieras, cada vez que uno vuelve a ese momento, hay que ser una piedra para no conmoverse. Aquel momento, particularmente, lo viví también como una voz en el tiempo, una voz pública, una voz que tiene eco, es decir, que no te calla. Porque las cosas que uno puede no callar pero que no trascienden, algún dejo de silencio tienen”.