
Sin vueltas, la ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió el viernes pasado que las respuestas que espera la sociedad sobre los delitos de lesa humanidad cometidos por los militares durante la última dictadura no llegarán “ni con la rapidez ni con la capacidad” esperadas. Faltan personal idóneo e infraestructura.
Dijo que los represores, como Bussi, deben estar en las cárceles comunes y que los plazos razonables para la prisión preventiva son discutibles. Marcó postura en cuanto a la renuncia del juez Parache y opinó que no debería escaparle al enjuiciamiento. Así, admitió que preocupa la corrupción que hay en el Poder Judicial. “En general, la Justicia se depura así misma bastante rápido”, acotó al considerar que integra una Corte "convaleciente".
Con un abanico en sus manos para escaparle al calor tucumano, la ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carmen Argibay habló el viernes pasado con la prensa por casi dos horas. También víctima del horror que se vivió durante el gobierno militar, sostuvo que los represores deben estar presos en las cárceles comunes y alertó que la falta de recursos humanos idóneos y de infraestructura judicial atentan contra el avance de las causas abiertas por los delitos de lesa humanidad. He aquí, parte del diálogo con la prensa tucumana:
¿La Justicia está en condiciones de llegar a la verdad por los crímenes de la dictadura?
Sí, pero, a pesar de las buenas intenciones, no se llegará ni con la rapidez ni con la capacidad que la gente (y nosotros) queremos. Los juzgados que tienen a su cargo las megacausas de la dictadura están reclamando personal idóneo. Por eso es necesario más presupuesto para recursos humanos e infraestructura.
¿Los represores como Bussi, deben estar en cárcel común o en domicilios particulares?
Depende del criterio de los magistrados. Pero yo creo que deben pasar sus días en las cárceles comunes como cualquier hijo de vecino. En el caso de la duración de la prisión preventiva, no depende de la gravedad de los delitos (que son imprescriptibles) sino de la complejidad de las causas. Es decir, el plazo razonable para la preventiva depende de la complejidad del delito que se investiga y, no de su gravedad. Los jueces nunca deben aplicar mecánicamente la ley, sino serían computadoras que condenan.
A 31 años del golpe militar ¿cuál es el balance de las heridas que siguen abiertas en la sociedad?
No se lograrán cicatrizar las heridas mientras se sigan ocultando las cosas. La única manera de saldar las heridas es con la verdad, que es relativa (no existe la verdad absoluta).Las heridas fueron muy profundas, por eso el punto de partida es encontrar la verdad (relativa). Una verdad que necesita conocerse es qué pasó con los civiles, aquellos que ocupaban los cargos en el gobierno militar y que son los que organizaron a los militares. También son responsables de la dictadura, son los inventores del tema, y tendrían que estar procesados.
Acorralado por un sumario por presuntos hechos de corrupción, el juez federal Jorge Parache presentó su renuncia ante el presidente de la Nación Néstor Kirchner. ¿Cree que debe aceptársela?
Yo no se la aceptaría. Cada uno tiene que hacer frente a sus actos y asumir sus responsabilidades y si esto implica enfrentar un jury enjuiciamiento, entonces debe hacerlo.
¿Preocupa la corrupción que existe en el seno de la Justicia?
Por supuesto. Hay que erradicar la corrupción y, para ello, primero hay que conocerla a través de las denuncias que tengan nombre y apellido de quienes se hacen responsables de las acusaciones (yo no acepto denuncias anónimas). Hay que estar atento siempre para que no haya corrupción. En general, la Justicia se depura así misma bastante rápido. Inmediatamente se conocen los problemas y después vienen los juicios políticos. Pero si la gente no se anima a decir nada, que después no se queje.
¿Qué opina de las intenciones de España de juzgar a los represores argentinos?
Los represores deben ser juzgados donde los agarren porque es difícil agarrarlos (risas). Pero es un tema difícil por la complejidad de los procesos.
¿Los magistrados judiciales están sometidos a presiones políticas?
Eso no lo dicen los que reciben las presiones, pero las hay. Recibimos muchas denuncias de magistrados que se sienten presionados, por ejemplo, por estar en procesos de enjuiciamiento. Hay independencia de poderes, pero no del todo. Es muy difícil eliminar algunos grupos de presión que tienen mucho poder. Para mí, los jueces son independientes hasta que alguien demuestre lo contrario.
Después de la llamada Corte “adicta” de la década menemista ¿Ahora se busca mejorar la imagen del máximo tribunal?
Sí. Una de las metas de la Corte actual es reencausar la confianza de la sociedad hacia los jueces, por eso queremos que nos conozcan. Si la Corte tiene una mala imagen y está acusada de corrupta, todos los demás jueces también están bajo sospecha (como dice un viejo refrán: el pescado se pudre por la cabeza). También se trata de una cuestión de convencimiento. Venimos pensando diferente como jueces; no estamos separados de la sociedad y estamos al servicio de ella, que nos dio, indirectamente, el mandato para resolver sus conflictos. Tampoco quiero que la gente se haga demasiadas ilusiones porque espera que arreglemos el mundo. Sí es cierto que hay mucha necesidad de respuesta por parte de la sociedad. Ahora, estamos frente a una Corte “convaleciente”.
Informe: Primerafuente, Portal de noticias de la Asociación de Prensa de Tucumán (APT-CTA)
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