“En este caso, el defecto se produce por acumulación de actos discriminatorios. La persona en cuestión, no puede acceder al lugar del voto por causas de barreras arquitectónicas, lo cual ya atenta contra sus derechos. Pero, además, se le niega la posibilidad de acercarle la urna”, explicaron desde la CTA provincial.

En relación a las leyes que amparan y protegen a las personas con discapacidad, argumentaron que “los constantes reclamos referidos al incumplimiento de las leyes que justamente amparan la protección de los derechos de las personas con discapacidad, permiten demostrar que se invisibiliza, discrimina y excluye a estos ciudadanos, en todo lo referente al ámbito social, político, laboral, económico y cultural”; además, recordaron que existe “un valioso marco normativo a partir de la sanción de ley 22.431 que establece un sistema de protección integral de las personas con discapacidad, los tratados internacionales de derechos humanos, particularmente la Convención Interamericana sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de las Personas con Discapacidad y del texto de la Constitución Nacional reformada en 1994, (nominados en el artículo 75, inciso 22, de la Ley Suprema) y demás instrumentos legales, la discapacidad sigue siendo el rasgo que los segrega”.

Asimismo, manifestaron desde la CTA y su Departamento de Discapacidad la necesidad inalienable del Estado para que garantice “los derechos de este sector” y que implemente “políticas públicas activas encaminadas a crear las condiciones de efectiva inclusión de estas personas en la sociedad”.