El trabajo abre la discusión sobre “libertad de expresión”, pero incorpora temas que considera indispensables para que ese debate no quede planteado en forma sesgada por los intereses de los grupos de comunicación.

El miércoles 21 de marzo el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó su informe “Derechos Humanos en la Argentina 2007”. Los diarios porteños prácticamente lo ignoraron. Clarín publicó un escueto recuadro de 12 líneas. La Nación incluyó una “breve” de similar extensión. El resto de los diarios decidieron no publicar ni una línea. La excepción fue Página/12, que publicó una extensa nota inicialada por la periodista Adriana Meyer.

El documento del CELS, organización que preside Horacio Verbitsky y cuyo director ejecutivo es Gastón Chillier, consta de 488 páginas, contiene 15 capítulos y una sección de nombre “Debates” en donde se presentan artículos de distintos especialistas sobre los temas mencionados en el informe.

Incluyó un capítulo (el XIII) titulado “Claroscuros en materia de libertad de expresión y derecho a la información”, cuyos autores fueron Damián Loreti (abogado, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), profesor de Derecho a la Información en esa casa de estudios y profesor titular en la Universidad de La Plata de la Cátedra UNESCO - Libertad de Expresión) y Laura Zommer (periodista, abogada y profesora de Derecho a la Información de la UBA). El capítulo analizó diversos temas como: acceso a la información, libertad de expresión, agresiones a la prensa, radiodifusión y Medios Públicos.

Dentro de ítem “Libertad de expresión”, desarrolló el tema “Publicidad oficial” con una mirada más amplia que los tradicionales informes que se suelen emitir al respecto y que en muchas oportunidades sólo objetan la “discrecionalidad” con que se distribuye la pauta oficial, crítica que de todas formas es válida, también para el CELS que no la pasa por alto. La organización analizó la relación entre los medios de comunicación y el Estado incorporando otras variables.

Dice el informe que “se debe analizar la universalidad de las complejas y variadas vinculaciones que hacen a la relación, o más bien la ecuación económico-financiera de los medios de comunicación en general con el Estado nacional y los Estados provinciales o municipales (...) La publicidad oficial es sólo una parte de este entramado ya que existen muchas más situaciones que permiten afirmar la convivencia de ayudas directas e indirectas hacia los medios de comunicación, las que, por supuesto, en ningún caso deberían ser aplicadas para premiar o castigar en virtud de las líneas editoriales”.

Otro aspecto interesante del informe del CELS fue la inclusión de un artículo titulado “La concentración mediática argentina: de eso no se habla” de Martín Becerra (profesor de la Universidad de Quilmes) y Guillermo Mastrini (profesor de la UBA), autores del libro “Periodistas y magnates: estructura y concentración de las industrias culturales en América Latina”, editado por Prometeo en 2006.

La posesión de medios en pocas manos en nuestro país es un tema que suele estar fuera de la agenda de los diarios argentinos, justamente por ser partes del fenómeno. Tampoco suele ocupar la atención de las organizaciones civiles o de aquellas que defienden la “libertad de prensa”. Muchas de esas instituciones o bien están conformadas por miembros de los medios concentrados, o bien prefieren no involucrarse en la cuestión, para mantener buenas relaciones con las empresas periodísticas, a las que recurren para difundir sus trabajos.

Publicidad oficial

Como un ejemplo de la política del gobierno de Néstor Kirchner con respecto a la distribución de la publicidad oficial puede analizarse la decisión oficial de no insertar avisos en ciertos medios dependientes de la Editorial Perfil, la que planteó un juicio contra el Estado Nacional en el que aún no se dictó sentencia.

Aún siendo real la falta de reglamentación que la Relatoría de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha venido marcando sobre el tema en América latina desde el Informe 2003 en adelante, la pertinencia del principio XIII de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la CIDH sería un buen criterio para ser considerado en el caso.

Esta carencia ha sido un argumento del dictamen del procurador general de la Nación, Esteban Righi, en el caso “Editorial Río Negro c/provincia de Neuquén” para entender que la demanda no debe prosperar. El caso es el siguiente: la empresa editora del Diario Río Negro inició una acción de amparo contra la provincia por considerarse afectada en forma arbitraria en sus derechos constitucionales debido a la supresión -primero parcial y luego total- de la asignación de pauta de publicidad oficial por parte del Poder Ejecutivo y otras dependencias de la provincia de Neuquén. En ese expediente, el CELS presentó un “amicus curiae” ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que aporta fundamentos para su dilucidación.

En el “amicus” se estableció la importancia de que existan principios que se tornen relativamente invariables y que asienten de modo universal el derecho de participar de los espacios que las autoridades asignen para los anuncios oficiales. El no providencialismo de mejores decisiones que puedan adoptarse, aunque fueran con la mayor transparencia, es un rasgo de las políticas de comunicación de los Estados que deberían ser necesariamente incluidas en las decisiones fundacionales de todo gobierno.

Se incluyó en el escrito otra cuestión central, como es la complejidad de la relación económico-financiera de los medios de comunicación social con el Estado. Se planteó al respecto: “Ahora bien, en ese contexto se debe analizar la universalidad de las complejas y variadas vinculaciones que hacen a la relación, o más bien la ecuación económico-financiera de los medios de comunicación en general con el Estado nacional y los Estados provinciales o municipales. [...] La publicidad oficial es sólo una parte de este entramado ya que existen muchas más situaciones que permiten afirmar la convivencia de ayudas directas e indirectas hacia los medios de comunicación, las que, por supuesto, en ningún caso deberían ser aplicadas para premiar o castigar en virtud de las líneas editoriales”.