
Corrupción, coimas, sobornos, publicidad engañosa, medicamentos innovadores que en realidad son plagios, prepotencia e insensibilidad. Todas estas acusaciones y algunas más aparecen en el libro La verdad acerca de la industria farmacéutica de la estadounidense Marcia Angell, otro revelador informe sobre los conocidos de siempre.
En el ensayo, publicado recientemente en la Argentina, la autora denuncia las campañas millonarias de lobby de la industria farmacéutica para asegurarse leyes favorables en el Congreso de Washington, para evitar los controles de precios en su país y en el extranjero y para conseguir que su gobierno obligue a los países desarrollados a endurecer sus leyes de patentes en el marco de las negociaciones por los tratados de libre comercio. Angell recordó que tanto la administración demócrata del presidente Bill Clinton como la republicana de George Bush apoyaron a las multinacionales farmacéuticas estadounidenses "cuando los países del Tercer Mundo se quejaron de que estaban poniendo precios exorbitantes a las medicinas para tratar el sida".
Los laboratorios han utilizado su poder de lobby en el Capitolio para tratar de impedir que India y Brasil avancen en la fabricación de genéricos contra el sida o para reforzar la protección de sus patentes en los países del Tercer Mundo, subraya Angell, directora del Departamento de Medicina Social de la Escuela de Medicina de Harvard, considerada por la revista Time como "una de las 25 personas más influyentes de Estados Unidos".
La científica detalla en su ensayo que la industria farmacéutica cuenta con el grupo de presión más grande de Washington: en 2002 gastó en acciones de lobby más de 98 millones de dólares y tenía contratados en la capital norteamericana a 675 lobbistas, "más de uno por cada miembro del Congreso". En el ensayo, subtitulado Cómo nos engaña (la industria) y qué hacer al respecto, sostiene la autora que la industria farmacéutica de su país "es amistosa tanto con los republicanos como con los demócratas y con la Casa Blanca y el Congreso, aunque la mayoría de sus atenciones son para los republicanos, y viceversa". Como ejemplo, Angell reproduce una carta publicada en The New York Times en la que Jim Nicholson, presidente del Comité Nacional Republicano, le escribió en 1999 al directivo Charles Heimbold -de Bristol-Myers-Squibb-, proponiéndole: "Debemos mantener abiertas las líneas de comunicación si queremos seguir aprobando leyes que favorezcan a tu industria". Cuando Bush llegó a a la Casa Blanca, Heimbold asumió como embajador en Suecia.
Los demócratas tampoco son inocentes. El ex senador de ese partido, Robert Torricelli -autor de una ley que aumentó la presión del embargo contra Cuba-, presentó un proyecto para extender la patente de Claritin, el gran éxito de ventas de Schering, al día siguiente de que el laboratorio depositó 50 mil dólares en su comité de campaña senatorial.
En otro éxito del poder de lobby, la industria consiguió que el gobierno de Bush congelara 15 millones de dólares de fondos federales destinados a la lucha contra el sida en los países desarrollados "para que no pueda invertirse un centavo en medicamentos genéricos", denunció la autora. Enfatizó además que las empresas distribuyen a los médicos información "engañosa" sobre sus medicamentos, "mezclada con hipérboles y parcialidad".
La autora, especialista en ética médica y sistema de seguridad social, recordó que The New York Times obtuvo en 2003 documentos confidenciales de la industria farmacéutica "que detallaban los planes para comprar influencias en el año fiscal venidero". Según ese informe, la industria destina alrededor de 150 millones de dólares anuales "para ejercer presión en el nivel federal y en los estados norteamericanos" y ese año reservaba otros 5 millones de dólares para presionar a la FDA, el organismo que regula el mercado farmacéutico de Estados Unidos y otorga los nuevos certificados de comercialización.
La mayoría de los países latinoamericanos considera que es suficiente que la FDA apruebe un medicamento para autorizar también su comercialización en sus respectivos territorios nacionales, sistema automático que se aplica, por ejemplo, en Argentina desde 1992. "Además, 18 millones de dólares se emplearían en la lucha contra los controles de precios y para proteger los derechos de patentes en el extranjero", explicó Angell, ex editora en jefe del prestigioso The New England Journal of Medicine.
A partir de esa generosidad de los laboratorios, no ha sido casualidad que el Congreso de Estados Unidos "aprobó en los años noventa leyes que prolongaron aún más la vigencia de las patentes de medicamentos de marca", subraya Angell. "Las compañías farmacéuticas contratan pequeños ejércitos de abogados para sacar provecho de esas leyes hasta donde es posible" y, entre otros beneficios, recuerda que consiguieron extender la protección de las patentes, de 8 años en 1980 a 14 en 2000.
La autora también cuestiona en su ensayo que son escasos los medicamentos realmente innovadores que aparecieron en el mercado en los últimos años y que la mayoría de las presuntas novedades son combinaciones de moléculas ya conocidas. "Por increíble que parezca, sólo unas pocas drogas importantes han aparecido en el mercado en años recientes, y éstas provenían en su mayoría de investigaciones realizadas en instituciones académicas, pequeñas compañías biotécnicas o Institutos Nacionales de Salud, costeadas con el dinero de los contribuyentes (...) La industria no resulta especialmente innovadora en lo que se refiere a descubrimientos de nuevas drogas, pero en cuanto a inventar maneras de ampliar sus derechos de monopolio, es innovadora en extremo. Y agresiva".
Una de las conclusiones de Angell es que la industria farmacéutica "en las últimas dos décadas se ha alejado bastante de su loable propósito inicial de descubrir y producir fármacos nuevos y útiles. Ahora es ante todo una máquina comercial de venta de drogas de dudoso beneficio y utiliza su riqueza y poder para cooptar todas las instituciones que se le crucen en el camino, lo que incluye el Congreso de Estados Unidos, la FDA, centros médicos académicos y la misma profesión médica".
Fuente: Alberto Ferrari, Revista El Médico
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