Carlos, Teresa y el pecado mortal del piquete
Lunes 9 de abril de 2007, por Alexis Oliva *

El 12 de abril de 1997, Teresa Rodríguez, una joven de 24 años desocupada y madre, fue muerta de un disparo durante la represión a una pueblada iniciada con un piquete docente en Cutral Có, Neuquén.



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Secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Córdoba Capital.

Gobernaba la provincia Felipe Sapag, caudillo del Movimiento Popular Neuquino (MPN), en la que sería la última de sus cinco gestiones al frente de la gobernación. El conflicto había comenzado con la protesta docente contra la reforma educativa impulsada por Carlos Menem, con una huelga que duraría 37 días y culminaría en las puebladas de Cutral Có y Plaza Huincul. Teresa cayó con una herida fatal en el cuello causada por un proyectil de calibre 22.

Tiempo después, un equipo de física forense del Instituto Balseiro probó, analizando las ondas sonoras, que el disparo asesino partió de un grupo de policías que arremetían y tiraban desde el puente de la ruta 17 en Plaza Huincul.

Pero Sapag había culpado a los “activistas de izquierda que llegaron armados a la provincia” y a la “inflexibilidad de sus reclamos por parte de los docentes”. “Actuaron subversivos”, decía el presidente Menem.

Nadie fue condenado por el crimen de Teresa

Diez años después, tras cuatro semanas de huelga por reclamo salarial, los docentes neuquinos decidieron cortar la ruta. Carlos Alberto Fuentealba, 41 años, dos hijas, fue herido de muerte el 4 de abril de 2007 en la parte posterior del cráneo, con una granada de gas lacrimógeno disparada a quemarropa cuando abandonaba en un auto el área de conflicto en la ruta 22, sobre el puente que une Neuquén con Cipolletti, una de las vías neurálgicas para el turismo en la zona.

El principal y por ahora único sospechoso es Darío Poblete, un sargento primero con dos condenas penales e inhabilitado para ejercer como policía.

El derechista gobernador neuquino Jorge Sobisch, actual líder del MPN con pretensiones presidenciales, sólo admitió haber dado la orden de reprimir para “evitar el corte” de la ruta. Aseguró caer con “todo el peso de la ley” sobre los responsables del crimen, pero no identificó a nadie ni pidió ninguna renuncia.

Sobisch salió de la Casa de Gobierno -rodeada por manifestantes que le gritaban “asesino”- disfrazado de policía. Toda una legitimación. Todo un símbolo de esa forma de ejercer el poder que desprecia al pueblo y convierte a la represión en la única e inexorable respuesta política.

Es también el síntoma de un sistema perverso, cuya falta de respuesta a las reivindicaciones planteadas de forma pacífica empuja al corte de ruta y su “violencia” contra la libre circulación de mercancías y personas (pero sobre todo los que ejercen la condición de turistas), y luego castiga sin piedad esa afrenta a su valor esencial: el dinero.

Por eso el piquete es demonizado por los medios de comunicación empresariales. Por eso es escarmentado por una represión que no vacila en matar.

Así, además de los dos neuquinos y sin contar la treintena de muertos que dejó la revuelta popular del 19 y 20 de diciembre de 2001, han dejado la vida en piquetes o protestas similares el obrero de la construcción de Ushuaia, Víctor Choque, igual que Teresa un 12 de abril, en 1995, baleado en la cabeza con un proyectil 9 mm, en una manifestación frente a una comisaría por la libertad de los detenidos dos días antes en la toma de una fábrica de electrodomésticos; Francisco Escobar y Mauro Ojeda, en la represión a una manifestación en Corrientes, el 17 de diciembre de 1999, a comienzos del gobierno de la Alianza; Viviana Avendaño y Laura Lucero, en un extraño choque luego de un corte de ruta en Cruz del Eje, Córdoba, el 10 de junio de 2000; Aníbal Verón, baleado en Tartagal, Salta, el 10 de noviembre de 2000; Carlos Santillán y José Oscar Barrios, asesinados el 16 de junio de 2001 en General Mosconi, Salta; y Luis Cuellar, otra víctima de una bala policial en Libertador San Martín, Jujuy, el 10 de octubre de 2003, en el sofocamiento de una protesta por la muerte de un joven en una comisaría.

Son los nombres propios del costo humano que significa luchar en serio y más allá de lo testimonial contra un modelo de exclusión y desigualdad social. Son la bandera que resume las reivindicaciones que no pueden obtenerse sin pagar ese alto costo, salvo cuando camina mucha gente detrás. Son el ejemplo que revela la vigencia de la disputa por un país más justo y del lugar donde debe ejercerse: la calle.

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