La Casa de Gobierno se convirtió en el epicentro de la protesta social iniciada el 5 de marzo por el gremio docente en demanda de una recomposición salarial. Pero el asesinato del docente Carlos Fuentealba, debido a la represión policial, derivó en una crisis política inédita en la provincia en los 44 años de ejercicio del poder por parte del Movimiento Popular Neuquino.

Alto acatamiento al paro de ATE

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) dispuso un paro de dos días a partir de ayer con la instalación de una carpa en la Casa de Gobierno junto a los judiciales, el personal y profesionales de los hospitales públicos de la provincia.

El secretario adjunto de ATE, Ernesto Contreras, dijo anoche que "la medida se está cumpliendo con un altísimo acatamiento con marchas en toda la provincia". "Exigimos la renuncia del gobernador Jorge Sobisch y de sus funcionarios asesinos de un trabajador", sostuvo.

Mañana habrá nuevas asambleas y un plenario de delegados para resolver las próximas acciones. En igual sentido se pronunciaron los trabajadores y profesionales del sistema de salud público. La medida afecta el funcionamiento de todos los hospitales y centros de salud periféricos donde se cumplen solamente las guardias mínimas.

Los judiciales se hicieron presentes frente a la Casa de Gobierno en la permanencia que mantienen los docentes desde el lunes pasado.

Entre tanto, el secretario general de la Asociación Trabajadores de la Educación de la provincia (ATEN-CTA), Marcelo Guagliardo, dijo que la dimisión de miembros del gabinete provincial "es lo menos que se puede hacer", pero aclaró que lo que esperan es que "renuncie" el gobernador Jorge Sobisch.

"La renuncia de los miembros del gabinete es lo menos que puede hacer. Lo que estamos esperando es que renuncie él", afirmó Guagliardo al referirse a Sobisch, que ayer dispuso cambios en dos ministerios y en la cúpula de la policía provincial. Destacó la unificación de la protesta con otros sectores de estatales y de la CTA y aseguró que "si hubiera alguna convocatoria al diálogo por parte del gobierno se va a discutir en las asambleas".

Expresó de todos modos que "hay una definición ya de construir la fuerza suficiente como para que este gobernador se vaya porque entendemos que es el responsable de la muerte del compañero carlos Fuentealba".

Los docentes fortalecieron su permanencia en Casa de Gobierno al liberar ayer por la mañana el bloqueo a los accesos a la ciudad de Neuquén que mantenían desde el miércoles pasado en los puentes carreteros entre la capital provincial y Cipolletti y Centenario-Cinco Saltos.

Tizas manchadas con sangre

El titular del Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (Sejun-CTA), Edgardo Chervabaz, aseguró que "cuando los maestros dicen que las tizas están manchadas con sangre, éste es el límite que podemos aceptar como ciudadanos". Los judiciales reclaman el desmantelamiento del aparato represivo "montado por el gobierno exclusivamente para reprimir la protesta social".

Por su parte, el secretario general de la CTA neuquina, Horacio Fernández, dijo que "el gobernador Sobisch debe renunciar por ser el responsable político del asesinato de Carlos Fuentealba".

Reclamó que "deben ser encontrados los responsables materiales del asesinato del docente y los funcionarios que impartieron la ejecución de dicha orden".

Los docentes de la Universidad Nacional del Comahue realizan un paro de 48 horas hasta hoy inclusive en adhesión a los reclamos "para que se vaya Sobisch".

A su vez, el titular nacional de la CTA, Hugo Yasky, volvió a responsabilizar al gobernador por la muerte del docente, al sostener que "en la práctica fue él quien dio la orden".

Yasky sostuvo que "tener identificado al matador no es suficiente, y demandamos que la cadena de responsabilidad siga subiendo para que efectivamente podamos enjuiciar y castigar ejemplarmente al asesino". El dirigente formuló estas apreciaciones al ingresar ayer a la Cámara de Diputados, para participar de un homenaje a Fuentealba, al que también concurrió el titular de la CGT, Hugo Moyano, y Joao Felicio, uno de los secretarios generales de la Central Unica de Trabajadores (CUT) de Brasil.

Yasky advirtió que "en la Argentina subsisten sectores que, tanto en defensa de sus intereses económicos como por la propia cultura política que expresan, entienden que la represión y el asesinato pueden formar parte de los mecanismos de contención de la demanda social", por lo que "es indispensable que las instituciones expresen lo contrario".

Al respecto, afirmó que "una declaración conjunta, más allá de las visiones que tengamos sobre los problemas, fija un piso institucional y aísla a quienes hacen de un fusilamiento una herramienta de contención social". El secretario general de la CTA fustigó luego a Sobisch, al afirmar que "dentro de su policía tiene a efectivos que no debieran estar".

Repudio legislativo

Las dos cámaras del Congreso Nacional repudiaron por unanimidad el asesinato del maestro Carlos Fuentealba, exhortaron a las distintas jurisdicciones a resolver pacíficamente los conflictos sociales y manifestaron su preocupación porque estos hechos "atentan contra los fundamentos del sistema republicano y democrático".

La Cámara de Diputados votó por unanimidad una declaración, presentada por los diputados de la CTA Claudio Lozano y Edgardo Depetri, en la que expresa sus "condolencias y solidaridad a la esposa, hijos, familiares y compañeros trabajadores de la educación de la Provincia de Neuquén".

El texto expresa "su más enérgico y categórico repudio al asesinato del trabajador" y exige "el urgente esclarecimiento, juicio y castigo a los culpables".

Reivindica además "el derecho constitucional de peticionar" y exhorta al "diálogo entre las partes" para que los conflictos "puedan desenvolverse en un marco de seguridad y pleno respeto a los derechos humanos".

Luego de la aprobación se otorgaron cinco minutos a cada bancada para que expresaran su opinión.

Uno de los primeros en hablar fue el diputado de Convergencia, Miguel Bonasso, quien sostuvo que se trató de "un crimen de Estado", y responsabilizó al gobernador Jorge Sobisch. "Es necesario establecer quién es el responsable. El policía estaba condenado por torturas, y es un hecho institucional gravísimo que no puede diluirse en una discusión de carácter general", añadió.

Otro discurso de fuerte contenido fue el del diputado nacional y miembro de la conducción nacional de la CTA, Edgardo Depetri, quien consideró que la muerte de Fuentealba fue "un atentado al movimiento sindical y a la vida", y sostuvo que los sectores que utilizan la violencia "pueden volver a matar para desestabilizar el país".

En el Senado, al igual que en Diputados, se realizó un minuto de silencio y, tras aprobar el proyecto de declaración de repudio al crimen del docente, los legisladores se enfrascaron en una discusión acerca de los conflictos docentes que se viven en algunas provincias.

Desde el radicalismo, el senador Gerardo Morales logró que se le diera preferencia a la discusión en comisiones de un proyecto que modifique la Ley de Financiamiento Educativo, para hacer que el esfuerzo de los fondos coparticipables para la educación sea del 60 por ciento para la Nación y 40 para las provincias. A su turno, el jefe del bloque oficialista, Miguel Angel Pichetto, se refirió específicamente al crimen de Fuentealba y remarcó que "esta es la demostración palpable de que las fuerzas policiales en la Argentina no están preparadas". "Son los mecanismos perversos que arrastramos. Son las taras que arrastran las instituciones y que persisten", resaltó Pichetto.

El socialista Rubén Giustiniani indicó que la muerte del maestro fue "un fusilamiento en la vía pública", y agregó que "el nunca más no alcanza y puede resultar una expresión de deseos cuando vemos que no es el primero".

"Tenemos conflictos en Salta, Neuquén, Santa Cruz, San Juan, Santa Fé y Tierra del Fuego. Esto nos dice que hay una situación irresuelta y miles de niños en muchas provincias que no comenzaron las clases", sentenció.