En las actas de las inspecciones realizadas para constatar las condiciones en que se fabricaba el pan en aquella Villa María que estaba a punto de adquirir el título de ciudad, pueden leerse los nombres de la mayoría de los propietarios de panaderías de entonces. Entre los dueños de locales que se reconocían estrictamente como panadería y aquellos otros catalogados como de “elaboración de masas”, se contaban a los hermanos Seco, Emilio García, los hermanos Salera, Simón Camps, Juan Márquez, Francisco Seco, José Villalón, Magdalena Rosso, Juan Casasnova, Antonio Bosch, Lorenzo López, Domingo Spila y los hermanos Martí. En los locales de estos vecinos se elaboraban el pan y “las masas” que consumían los 10.248 habitantes que tenía la Villa según el censo de 1914.

Sociedad de Obreros Panaderos

Las medidas que adoptó el municipio fueron bastante radicales. Se otorgó un corto plazo para “blanquear” las cuadras, cambiar pisos junto a otras reformas edilicias y la presentación de certificados de buena salud por parte de todo el personal.

Los trabajadores panaderos, nucleados en la “Sociedad de Obreros Panaderos”, al considerar que las medidas no eran tan justas como debían ser, se declararon en huelga.

El conflicto tenía su origen en los plazos y lo oneroso que resultaría, para los trabajadores, el pago del certificado.

Luego de declarada la huelga de panaderos, el 18 de junio Broggi le escribió al presidente del sindicato de los panaderos informándole acerca de reuniones mantenidas con “delegados de esa sociedad”. En el escrito, la autoridad de la Comisión Administradora acusó a los obreros de “producir un paro injustificado, sin dar previo aviso a esta Intendencia como es de práctica”.

Pero también, entre líneas, en la misma nota puede leerse que el conflicto tuvo una base real relacionada con el dinero que tenía que pagarse por los certificados de buena salud.

Por ello, ante la actitud de lucha de los trabajadores, Broggi, con la huelga en marcha utilizó esa misiva para renovar su compromiso de que el municipio abonaría dos pesos por cada “certificado de buena salud correspondiente al personal de cada establecimiento”.

Algunos seguían haciendo pan

Cuando la fuente de información son los documentos de un archivo oficial, como en este caso, no es difícil caer en el error de olvidar que la documentación existente está intermediada por diferentes circunstancias que han incidido en la preservación de la misma.

Tanto el carácter oficial del archivo, la selección realizada por quienes decidieron qué debía archivarse, como también el resguardo que se ha realizado de ese patrimonio. En este caso sólo se tienen documentos oficiales para entender cómo se realizó el paro.

Según el mensaje al pueblo que escribió, el 17 de junio, la Comisión Administradora Municipal se habían “declarado en huelga algunas panaderías de la localidad”, entonces el Gobierno tomó medidas para que “en la Comisaría del Mercado Colón” hubiera “venta de pan. Todos los días al precio de costumbre”.

Soslayando la discusión planteada por los trabajadores, el municipio sostenía que la “actitud de los huelguistas” se debía “a que la corporación municipal, para salvaguardar la salud pública, ha pedido la presentación de un certificado médico de buena salud para todos los obreros panaderos”. En un intento de fortalecer la posición oficial, se decía que las panaderías que habían cumplido con el requisito, eran las encargadas de elaborar el pan mientras se desarrollaba la huelga.

Pero acerca de los certificados con los cuales algunas panaderías habían cumplido el trámite demandado, los huelguistas señalaron que los mismos eran “expedidos por algunos médicos de la localidad”, pero que no eran “verdaderos por cuanto dichos certificados los han expedido sin previo examen del solicitante”. Es decir eran fruto de una estrategia de un sector de la patronal.

Ante esta denuncia el presidente de la Comisión Administradora Municipal “rechazó enérgicamente” la postura de los obreros, “por no considerar dicha manifestación encuadrada dentro de la dignidad y buen nombre de que goza el cuerpo médico de la localidad”. Incluso una delegación de “propietarios de panaderías” recibió una “reprensión” por parte de Broggi al pedirle que la Comisión Administradora reviera la resolución tomada.

La Administración municipal acusó a los obreros de querer “dejar sin pan al pueblo” y de plantear conflictos que estaban resueltos con anterioridad.

Atendido el reclamo...

Un día después que las autoridades municipales remitieran la mencionada nota a la Sociedad de Obreros Panaderos, el 19 de junio, le escribieron al jefe político del departamento, Edelmiro Pérez, comunicándole que según habían hecho saber “los patrones de panaderías”, “los obreros panaderos han resuelto reanudar sus tareas habituales dándose por terminado el paro parcial realizado por éstos”. También se agradecía la participación que tuvo “en esta emergencia” la jefatura política. Recordemos que de esa repartición dependía el cuerpo de Policía.

Como prueba del logro de la lucha de los trabajadores quedaron copias de las órdenes despachadas a cada panadería para que, presentadas ante “cualquier médico de la localidad”, obtuvieran su certificado de buena salud. Trámite que, en resguardo de la salud de la población, pagaría el municipio.

Leyendo esas órdenes se pueden recordar los nombres de algunos de aquellos obreros panaderos como Nicanor Andrada, Leopoldo Barceló, José Miret, Domingo Calderón, Pedro Molina, Juan Fernández, Juan Chamorro, Ceferino Celis, Aniceto Ochoa. Todos hombres que, apenas atendieron su reclamo, volvieron a trabajar. Habían escrito otra página de la larga lucha de los trabajadores.

Fuente; Jesús Chirino, secretario de Derechos Humanos de la CTA Villa María. Artículo publicado por El Diario del Centro del País de Villa María, Córdoba.