Allí denunciaron, junto a integrantes de organismos de Derechos Humanos y representantes de la CTA, la impunidad reinante en relación con la masacre cometida en diciembre de 2001 y los intereses políticos que provocaron las terribles inundaciones en la provincia. Además, Gustavo Martínez advirtió que “el Gobierno provincial busca generar un acto de violencia durante la gran movilización que se avecina para el 29 de abril, en el 4º aniversario de las inundaciones”.

Estuvieron presentes en la sede de la Central las Madres de Plaza de Mayo de Santa Fe y de Línea Fundadora. También integrantes de la CTA de Rosario y a nivel nacional, como Ricardo Peidro, del área del Derechos Humanos, y de otras organizaciones sociales y territoriales de esa provincia mesopotámica, como los de la Carpa Negra de la Dignidad y la Memoria y el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos de esa provincia.

La primera en tomar la palabra fue Celeste Lepratti, hermana de Claudio “Pocho” Lepratti, quien fuera asesinado por la bala de un policía en las puertas del comedor para chicos en que trabajaba aquel diciembre de 2001. Fue ella quien recordó que el de su hermano “es el único crimen que al día de hoy implicó una condena (de 15 años) a su ejecutor”. Celeste denunció que “nadie ha respondido todavía ante la Justicia cuando en realidad fueron 50 los policías que estuvieron a cargo del operativo represivo de diciembre que culminó con otros ocho asesinatos”.

Luego de denunciar la impunidad en lo que a la Justicia respecta, Lepratti pasó a denunciar la impunidad política que siguió a estos hechos criminales. “Quien ordenó aquel operativo criminal desde su sillón de gobernador, Carlos Alberto Reutemann, siguió en su cargo hasta el final de su mandato sin dar la más mínima explicación ante el pueblo ni ante las familias de los muertos, y sin ser citado siquiera para testimoniar ante la justicia”, indicó.

También recordó cómo “el Poder Legislativo obstruyó en todo momento cualquier posibilidad de crear una Comisión que investigara la masacre” y que la Comisión que ella integra se preocupa “por todas las víctimas de la represión en Santa Fé, como el caso de Sandra Cabrera -titular de AMMAR-CTA Rosario- quien fuera asesinada por patotas policiales, los chicos asesinados por el gatillo fácil, la situación de los presos y las víctimas de las inundaciones”.

Más tarde fue el turno del secretario general adjunto de la CTA Rosario, Gustavo Martínez. “A los santafesinos nos espanta que hoy Reutemann figure como la salvación de la provincia”, dijo el dirigente. También indicó que fue el ex gobernador del PJ quien puso en dos ministerios de su predilección, como economía y seguridad, a dos represores que se desempeñaron durante la dictadura en Rosario. “El que torturó un minuto es torturador toda la vida”, dijo.

A su turno, Celina Kofman, de las Madres de Plaza de Mayo, recordó que existen “centenares de jóvenes desaparecidos y sólo seis condenados por ello en la provincia”, y denunció que “los represores están tranquilos en sus casas, bajo arresto domiciliario, e incluso se los ha visto en plena calle”.

Inundados

Luego fue el turno de los representantes de los inundados. En la conferencia recordaron que en Santa Fe los desbordes de los ríos y las inundaciones “no se dan por el cambio climático”, sino que son el resultado “del negociado político-empresarial que inunda la provincia”.

“Lo que nos pasa en Santa Fe es la contracara del fracaso de los políticos, que sólo traen la llaga a la superficie, porque el problema sigue siendo la pobreza, la deserción escolar, la falta de trabajo, etcétera”, dijeron. Asimismo, denunciaron que en 2003 la gente murió en las casas “porque el Gobierno no quiso evacuar a la población de los barrios pobres, pues la provincia estaba en pleno proceso electoral y no quisieron interrumpirlo”.

De entre los múltiples datos técnicos que proporcionaron acerca de las implicancias de las inundaciones de 2003 y 2007, destacaron el hecho de que a pesar de las supuestas obras realizadas, el agua del río alcanzó el mismo nivel que en las mortíferas inundaciones de 2003. Respecto de aquellas, recordaron que las autoridades nunca reconocieron las 150 vidas que se cobró la riada y que la única declaración del gobernador Reutemann, en aquel entonces, fue que el único muerto que había “no era argentino, era un borracho”.