El domingo 18 de febrero pasado personas aún no identificadas ingresaron al Estudio que yo encabezo como director de la Asesoría Jurídica Nacional de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), forzando la puerta de ingreso. Sólo se apropiaron del CPU de la computadora y la máquina de fax que contiene la memoria de todas las comunicaciones enviadas y recibidas. La causa se encuentra en el Juzgado Criminal número 7, a cargo del Juez Dr. Carlos Rovira.

En el fin de semana del 10 y 11 de marzo, la sede de Capital Federal de la CTA fue objeto de un robo en el que fueron sustraídas las computadoras del Sindicato Independiente de Mensajeros y Cadetes (SIMeCa-CTA), de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR-CTA) y del MORENO (Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora); sin embargo, otros objetos de valor y dinero no fueron tomados por los presuntos delincuentes.

Durante la madrugada del 23 de marzo de 2007, mediando un conflicto sindical, la vivienda del secretario general del Consejo Directivo Provincial de ATE Santa Cruz y de la CTA, Alejandro Garzón, fue apedreada al tiempo que él y su familia recibieron amenazas telefónicas. Se ha realizado la denuncia policial, al tiempo que el Consejo Directivo de ATE Nacional ha enviado cartas documento responsabilizando al “...Estado Nacional y al Estado Provincial de Santa Cruz por la seguridad personal de Alejandro Garzón y su familia, así como de cualquier otro trabajador que se encuentra ejerciendo su derecho constitucional de huelga, manifestación y libertad de expresión”.

Ahora, la denuncia será sometida al Comité de Libertad Sindical de la OIT. El secretario general de la CSI, Guy Rayders se ha comprometido a efectuar gestiones ante el Gobierno Argentino para que se garantice el ejercicio de la libertad de expresión de los representantes sindicales, y que impida cualquier acto intimidatorio tendiente a limitar o cercenar la libertad sindical.

Estos hechos no incluyen los graves sucesos ocurridos en la provincia de Neuquén, que produjeron el asesinato del compañero Carlos Fuentealba, denuncia que se efectuará en cuanto el sindicato de base y la Confederación CTERA lo entiendan conveniente.

Estos hechos se desarrollan en simultáneo con el informe de la Comisión de Expertos del organismo internacional, recientemente publicado, donde se vuelve a insistir en la incompatibilidad de la Ley argentina con el artículo 87 de la OIT, y la posibilidad de tratar el caso Argentino en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Anual.