Antes que los españoles llegaran a América, la hoja de coca era utilizada como una ofrenda a los dioses de la naturaleza, asimismo se depositaba en la boca de los muertos para quede esta manera les sea más placentero su viaje al más allá.

Durante mucho tiempo la coca, exceptuando esta tarea mística-religiosa, fue un privilegio inherente a la nobleza incaica. Esto cambio luego de la llegada de Cristóbal Colon, lo que abrió pasó a la “genocida” conquista del territorio americano, donde la fuerza de sus fusiles los emisarios de la corona española masacraron a millones de indígenas y relegaron a los pueblos originarios a una situación de total subordinación.

En un comienzo los españoles prohibieron el uso de la hoja de coca, ya que la consideraban como una costumbre pagana y pecaminosa. Sin embargo, luego que instalaran el sistema de trabajo forzado a través del cual los indígenas fueron recluidos en las minas (como por ejemplo Potosí, donde según analistas murieron 8 millones de personas), dieron marcha atrás con la medida y decidieron legalizar su uso. De esta manera buscaban que los indios mitayos, gracias a los atributos de la coca, que quita el hambre, la sed, pudieran intensificar el proceso de extracción de las riquezas minerales: como por ejemplo oro, plata.

Luego de varios años de saqueo de los recursos naturales, los conquistadores finalmente fueron forzados a abandonar el continente americano. No obstante esto, la planta de coca continúo representando un factor muy importante dentro de la cultura andina. Los pueblos originarios, que la consideran sagrada, la siguen utilizando no sólo para soportar los ajetreos del acontecer diario, sino que también emplean a este producto proveniente de la Pachamama para curarse y hasta alimentarse.

Durante el siglo XX la coca fue “satanizada”, esto comenzó a suceder luego que los narcotraficantes lograran extraer de ésta a la cocaína. Rápidamente las naciones más poderosas decidieron cercarla legalmente, es más durante la Convención de Viena (aprobada en 1961) se la introdujo en la lista de sustancias controladas, o sea prohibidas. Esta inhibición abarcó desde su fabricación, hasta el consumo y la importación de la misma.

En la actualidad, es una aberración que se quieran eliminar todos los cultivos de hojas de coca, ya que de esa manera se estarían pisoteando las tradiciones y los derechos legítimos de las comunidades de pueblos originarios, que durante siglos han aprovechado de los beneficios de la planta milenaria. Por esta razón sería muy absurdo considerar que toda la coca que existe va a parar al narcotráfico. Esta posición equivocada por cierto, es la que promulga el gobierno de los Estados Unidos, sobre todo a partir de la década del ochenta donde se escudó en la “lucha contra el narcotráfico”, para así atacar los cultivos cocaleros existentes en América Latina.

En realidad la verdadera intención del gobierno del entonces presidente estadounidense, Ronald Reagan era defender sus intereses hegemónicos en la región. Gracias a la pantalla que representó la cruzada contra las drogas, la administración republicana instauró “guerras de baja intensidad” que buscaban desestabilizar a los movimientos políticos opuestos a los designios de la Casa Blanca: un ejemplo claro de eso fue lo que paso en Nicaragua, con el sandinismo.

Siguiendo los lineamientos que planteaba el gobierno estadounidense aquel entonces, varios mandatarios latinoamericanos comenzaron con una campaña de erradicación forzosa de los cultivos de hoja de coca. Un férreo defensor de esta política fue el ex Presidente de facto de Bolivia, Hugo Banzer. Sin embargo luego de funcionar por más de dos décadas en territorio boliviano, este plan no logró ningún resultado positivo, lo único que hizo fue incentivar la violencia: ya que durante este periodo murieron alrededor de 100 personas en la zona del Chapare.

Cuando Evo Morales asumió llegó a la presidencia, su experiencia como líder cocalero lo llevó a ser conciente que la fuerza represiva no contribuye en nada para solucionar el dilema que representa poder eliminar los excedentes de coca - que a veces van a parar el narcotráfico- pero sin hacer peligrar el ancestral consumo de la misma de parte de las comunidades indígenas.

Por esta razón, en vez de intentar imponer la erradicación forzosa, pactó con los cultivadores para poner en funcionamiento una “racionalización orgánica y comunitaria” de la hoja de coca. Este sistema empezó a funcionar en la región tropical de los Yungas, donde el gobierno estableció como tope del cultivo legal 12.000 hectáreas sembradas.

Las plantaciones que excedan esta cifra procederán a ser destruidas voluntariamente. Esto se realizará de una manera: “consensuada, voluntaria, respetando los derechos humanos y activando programas de desarrollo humano en esta zona”, señaló el Viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres.

El funcionario enfatizó que con la ayuda del Estado se va a intentar mejorar las condiciones de vida de los lugareños, para que de esta manera: “los niños no siempre deban dedicarse al cultivo de la coca, sino a la carpintería, la mecánica o la electricidad”.

La política de “racionalización comunitaria”, que para fin de año busca suprimir unas 2.500 hectáreas de cocales en los Yungas, parte de la premisa de decir “no al narcotráfico”, pero respetando a la coca como producto tradicional de la cultura indígena y también a quienes la siembran. “La comunidad internacional debe entender que la coca para nosotros es una cuestión ancestral de dignidad, de sobrevivencia”, afirmó Cáceres.

En lo que resta del año el gobierno boliviano va a contabilizar el número de plantaciones en la zona, para así diferenciar a aquellos cocales destinados al uso tradicional, de aquellos que representan el excedente.

A diferencia de Bolivia, donde la “racionalizacion” se está llevando a cabo en la más absoluta tranquilidad, en estos últimos días en Perú se desató una grave crisis entre los sectores cocaleros y el gobierno aprista. El motivo de la misma fue la decisión del presidente Alan García de reanudar de manera unilateral las erradicaciones forzosas de la hoja de coca.

El primer mandatario implementó esta medida, no obstante que todavía estaba vigente un acuerdo que su gobierno firmó, luego que varias agrupaciones campesinas protestaran por la agresividad de la “política antinarcóticos” durante el mes de marzo en la localidad de Tocache.

Para legitimar su decisión, García señaló que el pacto (que estipuló la suspensión momentánea de las erradicaciones), sólo era válido durante un lapso de quince días.

A pesar de esto, varios sectores de la oposición remarcaron que la decisión de volver a implementar una política de “tolerancia cero” contra el narcotráfico, representa un guiño hacia los Estados Unidos justo antes de que el Presidente Peruano se reúna con George W. Bush el próximo 23 de abril.

Los sectores cocaleros rápidamente sancionaron un paro indefinido para repudiar esta decisión, asimismo comenzaron a bloquear las algunas autopistas.

A pesar que los sectores más combativos amenazan con radicalizar las protestas, la mayoría de los manifestantes coinciden en la necesidad que una comisión del gobierno se haga presente en la región de Huanuco para así debatir por medios pacíficos el problema. El Presidente Alan García respondió a este pedido de una manera tajante: “¡Que comisión del Ejecutivo! No hay nada que dialogar, lo que hay que impulsar es una buena agricultura y erradicar lo que constituye una mala agricultura y actividad”.

Sin embargo, parece que el gobierno no está haciendo mucho para incentivar un cultivo alternativo a la coca. De acuerdo a un informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin drogas (Devida), en las zonas donde existe una marcada dependencia de la hoja de coca en la economía local, las personas manifiestan un mayor rechazo a abandonar el cultivo de la misma.

Según el especialista en el tema, Hugo Cabieses, la mayoría de los que “se oponen a la erradicación pertenecen al VRAE, Leoncio Prado y Tocache, y es que en dichas zonas hay un rechazo absoluto a la política gubernamental". De acuerdo al analista esta actitud se fundamenta en que la política llevada delante por el estado, que presuntamente pregona por un cultivo alternativo a la coca, ha sido completamente ineficaz y sólo ha servido para profundizar la pobreza en esos lugares.

Por último, Cabieses le recomendó a Alan García que tome en cuenta los resultados del informe: "para revisar la forma cómo está manejando el conflicto, si no lo hace se le puede ir de las manos". Ya que por el momento los cocaleros que propugnan con radicalizar las protestas constituyen un sector minoritario, pero: “si la represión se intensifica, los agricultores de otras cuencas podrían sumarse”.

Por Matías Mongan | Desde la Redacción de APM