En un comunicado de prensa, enviado el pasado 12 de mayo, la secretaria general de Ammar a nivel nacional, Elena Reynaga y la titular del gremio en Rosario, Claudia Lucero, denunciaron el atropello contra su compañera. “Al ser detenida, ella nombró a Sandra Cabrera, titular de Ammar rosario asesinada en el 2004, para que dejen de pegarle. Le contestaron ‘decile a Sandra que se levante de donde está y que te saque de aquí’. No le dieron entrada en el libro de guardia y fue liberada a las 5 de mañana bajo la amenaza: ‘tómatela que la sacaste barata’”, informaron en el comunicado.

La trabajadora sexual es afiliada al sindicato AMMAR y teme por su seguridad y la de su familia si denuncia lo que le pasó. “En la zona del centro las trabajadoras se ubican sobre la calle San Juan, pero la seccional policial segunda las echa, obligándolas a ir a los bares o retirarse de la zona”, explicó la titular del gremio rosarino.

Y hay más casos de amenazas. En la zona de la Terminal de Omnibus, agentes policiales amenazaron a Estela Longoni, quien había acompañado a Sandra Cabrera en una denuncia el viernes anterior a su asesinato, con llevarla detenida. “Ella se resistió y les dijo que los iba a denunciar, a lo que le respondieron que la van a detener acusándola por desacato a la autoridad”, indicó Lucero.

“Exigimos al señor Intendente de Rosario y al Gobernador de la provincia de Santa Fe, el inmediato esclarecimiento de estos hechos y el cese del hostigamiento por parte de estas instituciones que dependen del gobierno municipal y provincial. Los hacemos responsables por la integridad física y psicológica de las trabajadoras sexuales que puedan sufrir este tipo de vejaciones”, concluye el comunicado y agrega que “fue el Gobernador santafesino quien se había comprometido a derogar los artículos que criminalizan nuestro trabajo luego del asesinato de nuestra compañera, pero esa promesa cayó en saco roto y siguen atropellando nuestros derechos”.