En apenas una carilla la integración latinoamericana se ve tan cerca, las voluntades tan firmes y el poder para cristalizar anhelos tan controlado, que hasta dan ganas de salir a festejar en la certeza que ha dado un salto cualitativo gigantesco en la construcción soberana de las políticas energéticas de nuestra América del Sur.

Lamentablemente saltan las dudas cuando nos detenemos a analizar las posibilidades reales que tiene nuestro país para satisfacer semejante declaración, y más aún cuando relacionamos esas posibilidades con la voluntad que pone nuestro gobierno para mejorarlas.

El compromiso es integrar la energía, para, entre otras expectativas, erradicar la pobreza.

¿Qué energía puede intentar integrar nuestro Gobierno, cuando los recursos, transportes y sistemas de distribución energéticos, están en mas de un 90% en manos de empresas extranjeras?.

Los jefes de Estado firmantes han considerado la universalización del acceso a la energía como un derecho ciudadano. Maravilloso concepto que el actual oficialismo bloqueó en nuestro país, cuando cajoneó el proyecto de Tarifa Social, presentado por la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA-CTA), para la electricidad, agua, gas y cloacas, iniciativa que proponía, justamente acercar el derecho a la universalización de los servicios públicos entre los mas pobres y excluidos. Esta misma política perjudicó a los usuarios de GLP, que recibieron de parte del Gobierno, la aprobación de la ley que liberó los precios del gas envasado, cuando reclamábamos una garrafa social de cinco pesos.

La Declaración propone fortalecer las relaciones entre los países miembros, en base al uso sostenible de sus recursos y potencialidades energéticas; cuando nuestro gobierno tolera que las transnacionales, exporten el 40% de los hidrocarburos producidos, al tiempo que los argentinos sufrimos crisis de oferta eléctrica y gasífera.

La Declaración reconoce a los actores de la integración, y nombra en primer lugar a los estados y a la sociedad; por último a las empresas. En nuestro país, las empresas extranjeras de hidrocarburos fijan los precios de los combustibles, deciden cual abunda y cual escasea; exportan lo que desean y fijan precios internos de acuerdo a su voluntad. El Gobierno recurre a la importación de gas y fuel oil, porque las empresas exportan y no tienen para el mercado interno o no les resulta rentable el destilado. No resulta claro como haremos para relegarlas al tercer lugar en la prioridad de un proyecto que además no parece interesarles.

Así, siguen acumulándose las dudas que contrapesan la alegría inicial y nos invitan a nuevos comentarios y reflexiones.

Nuestro ministro de Planificación, Julio De Vido, amenazó a las petroleras que operan en el país, con quitarles 18 concesiones de exploración por la falta de cumplimiento de las inversiones que se habían comprometido. Todos los rumores indican que Repsol, estaría entre las castigadas. Esta noticia, tendría que compensar en algo la desazón que produce el cuento de hadas de la declaración de Margarita, pero parece que en materia de política energética este gobierno no cambia la letra con que Menen entregó nuestros recursos a las multinacionales.

No son 18 áreas inexploradas las que tienen que provocar la reacción del Ministro, son las 80 en explotación, que producen muchos millones de dólares anuales y que Repsol tiene adjudicadas en violación del artículo 34 de la vigente ley de hidrocarburos. Estas áreas producen petróleo para Repsol, cuando deberían producir para el Estado argentino; Repsol lo vende dentro de nuestro país cobrándolo como si lo hubiera importado de Arabia y además como no hay un solo inspector que controle su actividad, paga impuestos y regalías a partir de las declaraciones juradas que realiza y que nadie puede verificar si son ciertas.

La Declaración de Margarita constituye la aspiración de muchas compañeras y compañeros del continente que encuentran en la energía una posibilidad de integración y desarrollo soberano de nuestros pueblos.

Esta aspiración compartida y militada por los compañeros de la FeTERA, está en la antípoda del pensamiento y la acción neoliberal; ya que para trabajar seriamente por una integración soberana, primero hay que recuperar los recursos, hay que volver a contar con la renta del sector y hay que poner esos recursos y esa renta, al servicio de los intereses del pueblo.

En ese escenario, la Declaración de Margarita, recobra todos sus valores y virtudes.