De esta forma, el país del altiplano pasa a manejar, mediante la empresa pública Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) el 82 por ciento del negocio dejando el 18 por ciento para las petroleras, al tiempo que recaudará 1.649 millones de dólares al año, a diferencia de los 328 que recibía durante los gobiernos neoliberales.

Tal cual lo afirmó el presidente de YPFB, Guillermo Arequipa, la entidad administrará todo el proceso de explotación de los recursos. "A partir de este momento, retoma el Estado la propiedad de los hidrocarburos, la empresa estatal va a comercializar, exportar, va a ejercer el derecho de propiedad. Se consolida definitivamente el proceso de nacionalización de hidrocarburos que se inicio el primero de mayo del 2006", sostuvo el funcionario en medio de aplausos.

A pesar de las trabas impuestas por la derecha opositora, y de las presiones por parte de las empresas, la gestión del presidente Evo Morales y del Movimiento al Socialismo (MAS) cumplió con su promesa de campaña, con el decreto y la posterior ley firmados en 2006 y con la voluntad popular expresada el 18 de julio de 2004 en el Referéndum Vinculante que aprobó la nacionalización de los hidrocarburos.

La puesta en vigencia de los contratos representa el exitoso final de una lucha popular por la vuelta al Estado del gas y el petróleo, que tuvo decenas de muertos, y que arrastró del poder a los presidentes Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, dos expresiones del neoliberalismo más tajante de América Latina.

Los beneficios de la nacionalización para Bolivia no son pocos, empezando por el control y fiscalización de su patrimonio, mayores ingresos y mayor soberanía. Según manifestó Morales en el acto de puesta en vigencia de los nuevos contratos, las alcaldías (municipios) -que años atrás no tenían ingresos por la explotación de la riqueza petrolera- después de la modificación de la Ley de Hidrocarburos y luego de la nacionalización del 1 de mayo de 2006, reciben 155 millones de dólares. También las universidades reciben 38 millones de dólares al año.

Pero los altos beneficios para el Estado no significan el recorte de las garantías a las petroleras. En ese sentido, el presidente Morales remarcó que el Estado otorgará seguridad jurídica a los inversores extranjeros y nacionales, quienes, en contraparte, deberán necesariamente someterse a las leyes bolivianas.

"Quiero decirles, con mucho respeto a las empresas, seguridad recíproca y como Estado, como bolivianos, como nación, como autoridades del Poder Ejecutivo, en todo caso tenemos la obligación de respetar esos acuerdos, hacer respetar la seguridad jurídica, pero también los invitamos a que ustedes respeten las normas bolivianas", señaló el líder del MAS, dirigiéndose a los representantes de las 12 empresas petroleras presentes en el acto de protocolización de los contratos en el Palacio Quemado.

De la misma forma, reconoció que el problema más grave que tiene el país es que no cuenta con mucho dinero para invertir. "Lo que necesitamos es plata para invertir, explorar, explotar, industrializar, ahí necesitamos socios, no patrones, no dueños de nuestros recursos naturales", manifestó enérgicamente, dejando en claro la postura de su gobierno frente a la participación de las petroleras en la extracción de los hidrocarburos.

Por su parte, el ministro de Hidrocarburos boliviano, Carlos Villegas, destacó la formalización de los contratos como un hecho histórico en el país. "Este nuevo momento permite abrir un espectro importante para continuar con la implementación y la consolidación de la política energética de Bolivia", afirmó el mandatario.

Bolivia puso en vigencia los contratos con las empresas multinacionales un día de después que Venezuela efectivizara el control de su petróleo. De esta forma, ambos países marcan la senda de un proyecto de estado soberano que tenga el control de sus recursos hidrocarburíferos y que emplee la renta en respuesta a la demanda social.

Fuente: Agencia Periodística del Mercosur (APM)