Marcelo Ponce Núñez, abogado de la CTA de la provincia de Buenos Aires, sostuvo que "si como sostiene la Corte, los derechos tienen que reglamentarse, el derecho de huelga no está reglamentado y por lo tanto es libre de ejercerse; no puede tener sanción de ninguna naturaleza que lo avale".

Respecto al fallo del juez Arias, que hizo lugar a la presentación de la medida cautelar pedida por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB-CTA), Ponce Núñez opinó que "es más que interesante, analiza a su vez una serie de antecedentes nacionales e internacionales sobre el tema y no hace más que coincidir con lo que uno piensa".

En cuanto a otras resoluciones judiciales similares, indicó que "hubo uno que favoreció al Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA-CTA), en provincia de Buenos Aires; en Santa Fe también uno favorable a los docentes, y otra en Mendoza".

Horacio Meguira, Director del Departamento Jurídico de la CTA Nacional , consideró que "esta medida cautelar innova la jurisprudencia" y reiteró que "no puede descontarse (el salario) cuando justamente el objeto de las medidas de fuerza de los trabajadores ha sido generar un ámbito legal convencional que el Poder Judicial no otorga".

Guillermo Pajoni, asesor letrado de la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA), consideró que si bien la acción de amparo impulsada por la AJB "apunta a la cuestión de fondo, que no es otra cosa que el respeto al derecho de huelga, hoy lo importante es que se obtuvo una medida cautelar hasta que se dicte sentencia".

Pajoni concluyó que "el Estado está actuando como si fuera la peor patronal privada, utilizando la doctrina que usan los abogados de los grandes grupos económicos para destruir este derecho tan importante, el derecho esencial a partir del cual los trabajadores pueden defender todos los demás derechos que tienen".