Arrojando algunos de estos datos, el conductor de “Mañanas informales” abrió la nota con Carlos Ferreres, director del Departamento de Discapacidad de la CTA nacional y Néstor Carasa, secretario de Educación Especial y Psicología del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA-CTA) e integrante del Departamento. El hecho resulta llamativo si se tiene en cuenta el poco espacio que ocupa la temática en los medios masivos; y más cuando es enfocada desde una cuestión de derechos y no desde las acostumbradas notas o reportajes que ponen como foco de la noticia la condición de discapacidad o sobredimensionan las capacidades de las personas con discapacidad.

Dos de los temas abordados fueron los que se trataron en el 7º Congreso Nacional de Delegados de la CTA: el certificado de discapacidad y el transporte público, donde todas las provincias decidieron por mayoría accionar al respecto.

¿De qué depende que sólo el 14,6% de la población con discapacidad tenga el certificado? ¿Hay dudas sobre la veracidad de su discapacidad?, preguntó el conductor. “Aquí hay una cuestión que tiene que ver con una decisión política, porque si uno tiene el certificado se tienen que dar las coberturas médicas, sociales y previsionales, además de habilitar el acceso al transporte público gratuito. Es un dato que llama mucho la atención”, dijo Ferreres, a lo que Carasa sumó el difícil acceso a las Juntas evaluadoras. “En algunas provincias existe una sola junta a nivel provincial para evaluar cuál es la discapacidad de la persona, y si está en la capital de la provincia todos los que viven en el interior, en un contexto de pobreza, no acceden, es prácticamente imposible” explicó.

Respecto al transporte, Ferreres subrayó: “en el 2003 la CTA le solicitó a la Auditoria General de la Nación hacer un relevamiento sobre el transporte público de pasajeros y ahí se comprobó que solamente el 12% cumplía con la normativa vigente. Desde ese momento las empresas de transporte automotor reciben subsidios y vienen planteando aumentos tarifarios para poder hacer las adaptaciones, que no solamente son necesarias para las personas con discapacidad, sino para aquellas con movilidad reducida, lo que incluye ancianos, personas con fracturas, mujeres embarazadas, niños y personas obesas. Lo cobraron y se lo metieron en el bolsillo. Esto es grave. Nosotros pensamos que está bien, que es lícito que no cobren boletos el 25 de mayo, pero ahora se les da un nuevo subsidio y se les prorroga por cinco años la adaptación de las unidades. Esto es un agravio más”. El dirigente de la Central hace referencia al Decreto 678, publicado en el Boletín Oficial el 2 de junio, a través del cual el Ejecutivo le otorgó al autotransporte de pasajeros un subsidio de casi 400 millones de pesos y extendió el plazo de la renovación de las unidades a 15 años, además de dar amplias facilidades para cancelar deudas por multas e infracciones.

Consultado sobre las dificultades que atraviesa una persona con discapacidad en nuestro país, Ferreres destacó: “es una cuestión fundamental que como trabajadores abordemos la temática, porque una persona que adquiere una discapacidad, cualquiera sea el motivo, es un muerto civil, deja de tener derechos con muchos obstáculos para acceder al trabajo, a la educación, a la salud, donde factores como la pobreza, el trabajo en negro y la flexibilización laboral, incrementan mucho más los índices de discapacidad”. Cabe tener en cuenta que una persona con discapacidad tiene un gasto 40% mayor que una persona sin ella.

En este marco, Carasa afirmó: “entendemos que los derechos existen en tanto que el sujeto pueda ejercerlos, sino permanecen en el plano discursivo. Tenemos dos problemas: uno es el incumplimiento de determinadas normas que por diversos motivos no se cumplen y quien debe hacerlas cumplir no lo hace. Pero también existen agujeros o falta de leyes, como por ejemplo la legislación en educación, la cual fue elaborada en la década del ’90, consecuencia de la aplicación de políticas neoliberales, donde la educación era entendida como un gasto y la especial mucho más todavía porque requiere una mayor cantidad de recursos. Entonces, necesitamos revisar estas faltas para hacer posible el ejercicio de derecho”.