El juez federal de La Plata, Hugo Arnaldo Corazza, que lleva adelante la “Causa Camps” dio lugar a la presentación colectiva realizada el primero de este mes por las organizaciones reunidas en el espacio “Justicia Ya en La Plata” que integra la Central de los Trabajadores Argentinos.

La CTA se presentó como querellante en representación de los trabajadores desaparecidos en la última dictadura militar (1976-1983). Y fue el detonante para que la justicia “ordenara la inmediata detención de los condenados Miguel Etchecolatz, ex Comisario General, Jorge Bergés, ex Oficial Principal Médico y el represor Norberto Cosan”. Ahora, las organizaciones esperan que se haga lo mismo con Valentín Milton Pret, Eros Amílcar Tarella, Eduardo Pablo Maire, Jorge Héctor Vidal, Darío Delfín Rojas y José Antonio Raffo. Todos éstos, sindicados como colaboradores del círculo represor que regenteaba Ramón Camps, ex Jefe de la Policía bonaerense durante la dictadura.

Asimismo, en su artículo primero el juez resolvió: “Decretar la nulidad insanable de las Leyes 23.492 Y 23.521 en los presentes obrados, ello de conformidad con lo establecido por la ley 25.779”. Esto significa la anulación de leyes conocidas como “Obediencia Debida” y “Punto Final” y retrotraer la situación procesal de los reos a la fecha anterior a las sanciones de esas leyes que le brindaron varios años impunidad.

En ese contexto, el ex policía Etchecolatz quedó detenido por disposición de la Justicia Federal de La Plata, para cumplir una condena de 23 años de prisión ordenada en 1987 por la ahora reabierta “Causa Camps”. El represor quedará alojado en la Unidad de la Policía Montada de la Policía Federal.

Para Ricardo Peidro, secretario de Derechos Humanos de la CTA nacional, la resolución del juez representa un hecho importante ya que “permite demostrar que la represión genocida contra los trabajadores fue orquestada con el objetivo de imponer un modelo económico agresivo para los sectores populares”.

Además, el dirigente de la CTA señaló que “de ahora en más nuestra Central y las organizaciones de derechos humanos podemos presentar pruebas como actores querellantes en la causa y demostrar que los trabajadores fueron desaparecidos por oponerse al avance del modelo de desindustrialización”.

Por otra parte, Juan José Cantiello, secretario general de la CTA bonaerense explicó que “nuestra Central asume su responsabilidad como organización de los trabajadores, para demostrar que en la Argentina hubo un genocidio, y para terminar con la impunidad: no sólo la de sus ejecutores, sino también la de los que idearon un plan de exterminio para destruir nuestro país y entregar sus riquezas”.

Presentación colectiva

“Justicia Ya en La Plata” es un espacio colectivo constituido para defender la validez de la ley que anuló las leyes de impunidad y está integrado por Abuelas de Plaza de Mayo, APDH, Asociación Anahí, Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, Ceprodh, CTA Buenos Aires, Familiares de Desaparecidos y Detenidos Políticos, H.I.J.O.S., Liberpueblo y Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora.

Además, en la sentencia judicial Corazza resolvió en su articulado cuarto tener como querellantes a María Isabel Chorubik de Mariani, Beatriz Serebrinsky, Francisco Simón, Alejandra Slutzky, Eduardo Alberto Torres, Carlos Alberto Zaidman, Elsa Beatriz Pavón, Osvaldo Jorge Papaleo, Lidia Elba Papaleo, Zacarías Moutoukías, Juan Ramón Nazar, José Eduardo Moreno, Antonio Domingo Moreno Delgado, José Moreno Delgado, Hugo Pablo Marino, Graciela Liliana Marcioni, Norma Esther Leanza, Mario Rubén Féliz, Pablo Alejandro Díaz, Raúl Guillermo Elizalde, Claudia Viviana Bellingeri, Atilio Gustavo Calotti, Alcides Antonio Chiesa, Ana Julia Bonetto, Beatriz Lilian Bermúdez, Rodolfo Vázquez, en su carácter de secretario general de ATULP; Carlos De Feo, Ilda Lucchini y Verónica Bethencourt, secretaria general, adjunta y gremial de ADULP. Además de Pablo Maciel en su carácter de Presidente de la FULP, Rosaria Isabella Valenzi y José De Luca en representación del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH).

También, la resolución establece como querellante a Julián Axat, Víctor De Gennaro, Hugo Godoy, Ricardo Peidro y Juan José Cantiello, en sus condiciones de dirigentes de la CTA:

Al respecto, Hugo “Cachorro” Godoy, secretario adjunto de la Central bonaerense aseveró que “presentarnos como querellantes es reivindicar a los trabajadores detenidos desaparecidos y denunciar además la participación de las grandes empresas en la represión”. “Muchos de estros grupos económicos hasta cedieron sus infraestructuras como campo de concentración. Por eso estar acá es un paso más en la lucha contra la impunidad” finalizó Godoy.