
La mitad de los empleados judiciales rionegrinos sufre estrés, revela un informe del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (SITRAJUR-CTA), es decir que por razones vinculadas a las condiciones laborales, están afectados 600 sobre 1.200 empleados.
El gremio presentó el trabajo ante la Legislatura con el objetivo de que ese Poder convoque a paritarias con el Poder Judicial e intervenga en el conflicto que el SITRAJUR mantiene con el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
“El eje fundamental del planteo es que esto ya no es tan solo una cuestión salarial sino que conlleva un reclamo más profundo y grave en materia de salud laboral porque tenemos al 50% de los empleados con cuadros de algún indicio de estrés. Y en algún caso tenemos detectadas situaciones de estado de pánico y de mobbing”, explicó Gustavo Pantucci, titular en Bariloche del SITRAJUR.
Se entiende por “mobbing” a la acción conducente a producir miedo o terror del afectado hacia su lugar de trabajo. Es decir, pretende hostigar, intimidar o perturbar hasta el abandono del trabajo o el cambio de sección, presión que suele suceder con frecuencia en el ámbito de los tribunales.
El trabajo que incluye las condiciones de salud laboral es parte de la información que el gremio ya ha presentado al STJ y sobre el cual nunca los trabajadores tuvieron respuesta.
En ese informe también se señaló que entre el 30 y el 40 por ciento del personal recibió o recibe algún tratamiento psiciológico.
La situación de estrés -señalan los compañeros de SITRAJUR- se genera por las presiones que se ejercen sobre los empleados, por la gravedad y cuantía de los conflictos en los que deben inervenir, por la amenaza permanente de los sumarios teniendo en cuenta que el llegar un minuto tarde implica el descuento de la jornada completa de trabajo, y por los cambios permanentes de reglamentos que hace el STJ, todo lo cual genera situaciones traumáticas.
El SITRAJUR informó que muchos empleados licenciados por razones médicas apenas consiguieron un traslado recién después de 90 o 120 días de espera, y en algunos casos ese traslado se efectuó a Tribunales con mayor trabajo, como las Defensorías públicas.
El Sindicato presentó el trabajo a la Legislatura para que intervenga en el conflicto entre el gremio y el STJ con el objeto de que convoque a una paritaria que no está reglamentada en el ámbito judicial.
La Constitución establece la existencia de las paritarias, pero no funcionan porque falta la reglamentación que determina el procedimiento.
El SITRAJUR pide que la Legislatura, además de proceder con esa reglamentación, investigue y determine alguna acción respecto de las decisiones políticas que asume el STJ.
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