Los judiciales salteños, integrantes de la Federación Judicial Argentina (FJA), se encuentran en conflicto desde febrero y exigen un aumento de entre un 35 y un 40% de aumento salarial, “cifra que no es caprichosa, sino que está basada en los últimos aumentos salariales que se habían dado al resto de la administración pública”, explicó la entidad en un comunicado de prensa.

En marzo, se les impuso de oficio la conciliación obligatoria, a la vez que el Presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) anunciaba, sin haber mediado ningún conocimiento del gremio, un aumento del 22% a partir del 1 de marzo y 5% más desde el 1 de julio. “Fue un aumento con discriminaciones, ya que los trabajadores englobados en la categoría del Ministerio Público quedaron por encima de los salarios de la categoría del Poder Judicial”, argumentaron.

María Eugenia Villalba, secretaria general del gremio, sostuvo que el gremio está nuevamente en asamblea y agregó que el reclamo es “equiparar nuestro salario con los trabajadores de la otra categoría, además, que se blanquee lo percibido en negro y que ese aumento del 5% a percibir en julio se adelante porque la inflación ya se comió mucho más que ese porcentaje”.

En Salta los sueldos bajos: el salario inicial es de 1.050 pesos y el de director con treinta años de servicio percibe 2.200 pesos de bolsillo. “Después de quince años -indica Villalba- hemos logrado que el básico de director esté en 1.200 pesos y el del que recién se inicia sea de 540. Nosotros tenemos un 20% del salario en ticket canasta y otro 20% en negro”.

“Queremos que se blanquee todo, porque hoy tenemos a casi cien compañeros en condiciones de jubilarse y que no se retiran porque percibirán una asignación miserable”, concluyó la dirigente.