La injusta situación de indemnizar a las víctimas de accidentes de forma discriminatoria, de acuerdo a si el damnificado es o no un trabajador, ya venía sufriendo duros embates por parte de todo el mundo laboral.

La UIA y todos los pasquines de la derecha prontamente se hicieron eco de esto, con los argumentos de siempre: el aumento de los costos laborales, la supuesta inseguridad jurídica, la industria del juicio, etc. odos pretextos para justificar su desesperación ante un a fallo que no hace más que aportar un poco de justicia ante tanta indefensión.

Había que cerrar la brecha de forma urgente y así lo manifestaron haciendo presión ante el Gobierno que empezó a hablar de “la necesidad de constituir un nuevo marco jurídico”.

Se presentaron distintos proyectos al respecto, tanto de la Superintendencia de Salud, de la CGT y de la CTA, como del propio Gobierno. Los empleadores se limitaron a defender el marco normativo actual, sin siquiera molestarse en elaborar una propuesta propia.

Queda claro que la situación reinante resulta favorable a los intereses de los poderosos y no de los trabajadores.

Esta es la razón por la cual ninguno de estos proyectos se está discutiendo hoy en el Parlamento.

La muerte de un trabajador es barata en Argentina y la prevención resulta más cara que el accidente, a juzgar por las insignificantes penas y la reparación escasa.

Con gran parte de la fuerza de trabajo en negro, la mayoría de los accidentes no se denuncian o enmascaran.

Ante este panorama, presentamos un proyecto de ley que supera cuantitativa pero, sobre todo, cualitativamente a los presentados por otras organizaciones.

A su vez, marca un camino viable, que posibilita un amplio espectro de alianzas sociales y políticas para hacer de esto una realidad y no una simple declaración de principios.

Es una obligación de todos los militantes sindicales y políticos bregar para que una nueva ley se haga realidad, pero también para que en cada sector, en cada lugar de trabajo, los trabajadores conozcan los riesgos de su tarea y puedan orientar sus acciones a eliminarlos.

Esto último requiere, sin lugar a dudas, conocer, capacitarse y estar organizados, para lo cual el contenido del proyecto de ley de la CTA constituye un elemento esencial.