De acuerdo a esta nueva ley, que se aprobó con el voto de la mayoría justicialista, un gerente general y una comisión fiscalizadora, designados en adelante por el gobernador de turno, estarán por encima de los siete directores representantes de los trabajadores, que asumieron el 31 de mayo.

Además, la normativa diseñada por el propio gobernador perjudica de manera directa al afiliado a la obra social, ya que restringe las prestaciones que brinda el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) al dejar en manos del Ministerio de Salud y Acción Social la definición de las coberturas mínimas que deberá atender el Instituto.

Con esta nueva orgánica, no sólo se elimina la autarquía del Instituto, sino que se burla y desconoce la decisión de los miles de afiliados que eligieron a sus representantes y que en la consulta sobre la obra social convocada por el gobierno se expresaron por contundente mayoría en contra de la intervención del Estado.

En las elecciones realizadas el 9 de mayo triunfó la Lista Unidad, al integrar cuatro de los siete directores, tras lo cual se designó presidente de la obra social al representante de los judiciales, Silvio Moreyra (AJER-CTA). Pero este cuerpo no alcanzó a cumplir un mes de gestión cuando ve totalmente limitadas sus facultades y por ende la posibilidad de llevar adelante un proyecto de salud en beneficio de los trabajadores y en contra de las corporaciones que lucran con la enfermedad.

Repudio sindical

El conjunto de los gremios que integraron la lista Unidad en las elecciones del IOSPER hicieron público su rechazo a la ley impulsada por el gobernador. El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-CTA), Edgardo Massaroti, sostuvo que los organismos de cogobierno y control que se introducen “no van a hacer un control; van a dictaminar en forma vinculante, es decir que van a ser ellos quienes generen los convenios con los prestadores”. De esta forma, dijo el dirigente gremial “el Directorio va a quedar pintado, después de haberse hecho una elección en la que los votos de los trabajadores definieron que querían una conducción electa por los trabajadores y con control del Estado. Pero esto no es un control del Estado, es una intervención encubierta”.

Por su parte, la dirigente de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER-CTA) y ex directora del IOPSER, Olga Foncea, adelantó: “Estamos expresando nuestra disconformidad y vamos a resistir esto, porque queremos que el afiliado tenga una atención digna. Vamos a realizar diversas acciones, como sabemos hacerlo cuando encaramos una lucha”.