Efectivos policiales de Córdoba y Uruguay se encuentran por estas horas en el Federal Bureau of Investigation (FBI), donde reciben capacitación para poner en funcionamiento el Sistema de Registro Combinado de ADN (CODIS, por sus siglas en inglés), “un software que permite a los laboratorios federales, estatales y locales compartir y comparar perfiles de ADN, facilitando la vinculación nacional e internacional de delincuentes convictos con crímenes violentos”, según explica el FBI.

La cuenta regresiva para la implementación del software norteamericano comenzó hace poco más de dos semanas. El 8 de mayo pasado, el ministro de Justicia de Córdoba, Héctor David, se trasladó hasta Buenos Aires para sellar el convenio con el delegado del FBI, William Godoy, y el jefe de la Unidad CODIS, Thomas Callaghan, en la Embajada de Estados Unidos.

De esta forma, Córdoba se convirtió en la primera provincia argentina en acceder a este sistema, gracias a sus buenos oficios para facilitar los marcos de seguridad jurídica que impone la propia fuerza de seguridad norteamericana como requisito para la utilización del software. En 2005, la legislatura cordobesa sancionó la ley 9217, a través de la cual se creó el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas.

Dos días después de la firma del acuerdo en Buenos Aires, los jefes del FBI viajaron a Montevideo para suscribir un documento similar con las autoridades uruguayas, encabezadas por la ministra del Interior, Daisy Tourné.

En este caso, el acto tuvo un contexto mucho más significativo ya que el gobierno de Tabaré Vázquez prestó las instalaciones del Edificio Libertad para el VI Encuentro de Directores de la Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios forenses (AICEF), donde la cuestión de los estudios genéticos de ADN ocupó uno de los tres módulos del simposio.

Los objetivos de ese encuentro parecían especialmente trazados para que el FBI diera rienda suelta a la promoción del CODIS. El director nacional de Policía Técnica, general Lucas de Armas Marichal, los describió de la siguiente manera: "Homogeneización del conocimiento, formación académica y actualización técnica de los peritos, así como la formación de una biblioteca digital en materia forense y un intercambio constante de información sobre equipamiento y tecnología de última generación. También se apunta a la implementación de sistemas de calidad en todos los laboratorios y a la integración con otros organismos internacionales, para participar en la alianza estratégica forense internacional junto a otras redes homólogas continentales".

Una integración de este tipo supone varios peligros para los países del Cono Sur porque, con el pretexto de la actualización tecnológica y la capacitación para enfrentar el crimen, se irían introduciendo cuestiones doctrinarias del modelo de seguridad nacional norteamericano (“terrorismo”, “narcotráfico”, etc) en el plano de la seguridad interior latinoamericana. En este diseño, el FBI ejercería una influencia considerable -y de hecho la está ejerciendo- para involucrar a las fuerzas de seguridad de la región, del mismo modo que el Comando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM) influye sobre las Fuerzas Armadas latinoamericanas en el marco del Sistema Interamericano de Defensa (SIAD) y otros organismos funcionales a la política exterior de Washington.

Que el eje de la penetración en la región del FBI -calificado por el ex senador de Nebraska, George W. Norris, como una "Gestapo americana" por sus persecuciones anticomunistas- sea el tema genético, también implica un factor de preocupación importante.

Según los expertos, “los perfiles genéticos, construidos mediante el análisis de ADN, constituyen verdaderos documentos de identidad biológica” porque, a excepción de los gemelos idénticos, toda persona tiene una estructura diferente de ADN. Una parte del ADN (“codificante”) contiene los cromosomas, es decir, información médica sobre el individuo y sus padres, mientras que el resto (“no codificante) no posee características hereditarias específicas. Las huellas genéticas son tomadas de este segundo segmento del ADN para conformar una especie de código de barras.

Sin embargo, la muestra original contiene el ADN completo y si ésta no se destruye se corre el riesgo de tráfico de información de carácter sumamente privado. En la mayoría de los países de Europa las muestras son eliminadas una vez obtenida la huella, pero Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia tienden a la conservación de la misma.

Aún está en discusión, incluso, si la toma de la muestra sin el consentimiento de la persona (el caso de una orden judicial, por ejemplo) constituye, o no, una grave violación a los derechos individuales. La oposición por parte de organismos de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales es contundente.

Sin embargo, los defensores del modelo de control genético aseguran que quitar un poco de privacidad vale la pena para garantizar la seguridad de la sociedad en su conjunto. En la Argentina existen varios proyectos de ley para crear un banco nacional de perfiles de ADN, pero las dudas y las reservas aún son muchas para avanzar en la dirección de Córdoba y Uruguay.

Las presiones, no obstante, están a la orden del día. Candidatos electorales de derecha como Mauricio Macri -que se postula como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires- reclaman enérgicamente la conformación de estos registros en todo el país para combatir violaciones y homicidios. Uno de sus aliados políticos, el ingeniero Juan Carlos Blumberg, hace lo propio luego de recorrer diferentes países del mundo (y, de paso, sus corporaciones de seguridad) para traer “nuevas experiencias” a la Argentina.

Sin embargo, nadie puede garantizar que, tras los registros genéticos de violadores y asesinos, no sigan los de pobres, “activistas”, “subversivos”, “terroristas” y así hasta que se implemente sobre el total de la población para fortalecer el “control” y la “seguridad”.

Al firmar los sendos acuerdos en Buenos Aires y Montevideo, los jefes del FBI se encargaron de dejar bien en claro que los convenios no incluían la “reciprocidad en cuanto a cesión de la información de las bases de datos” de la agencia norteamericana y las locales. Aunque, como en el caso anterior, nunca es posible saber hasta dónde se puede llegar, y menos con esa gran “Gestapo americana” como cabeza del sistema.

Fuente: Fernando M. López. Desde la Redacción de APM