Alrededor de unos 70 trabajadores rurales de las provincias de Río Negro, Misiones, Santiago del Estero, Buenos Aires y de las localidades de Loma Verde, Magdalena y el cordón productivo de la región de La Plata, Berazategui y Florencio Varela se reunieron -el sábado 10 de junio- para debatir sus problemáticas y denunciar la política de olvido que los sucesivos gobiernos han tenido para con su sector.

En ese contexto, Lulo Gómez, secretario general del Sindicato de Trabajadores Rurales y Estibadores de la provincia de Santiago del Estero denunció que “ningún gobierno se acuerda de nosotros, somos trabajadores NN sin beneficios sociales. Vivimos, mejor dicho, sobrevivimos al día”.

En el mismo sentido, Victoriano “Tocho” Torres secretario general del Sindicato de Trabajadores Rurales y Estibadores (SITRE) de la provincia de Buenos Aires manifestó que “más de un millón doscientos mil trabajadores rurales viven en condiciones precarias, con contratos ilegales, sin obra social o asistencia médica y sin posibilidad de jubilarse”.

En tanto, Gabriel Alberti, integrante del SITRE de Río Negro denunció la connivencia entre los dueños de los campos, las empresas multinacionales que allí operan y el gobierno de su provincia

El triste panorama del sector se encuentra íntimamente relacionado con la “nefasta” Ley 22.248, conocida como la Ley Agraria, dictada por el gobierno de facto de 1976, que lleva la firma del ex ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz. Los peones rurales exigen la urgente derogación de esta normativa.

También solicitan que se deje sin efecto la conocida Ley Tambera, que nació durante el gobierno provincial de Eduardo Duhalde y que lamentablemente fuera copiada por el resto de las provincias.

En otro orden, los trabajadores aprobaron exigir un aumento salarial de 1.500 pesos de básico y que se ponga en marcha un plan de “blanqueo” para todos los trabajadores que se hallan en condiciones ilegales.

Cabe destacar que el sector se encuentra dividido en 55 ramas, según tarea y especialidad, y los salarios, en promedio, rondan entre los 400 y 500 pesos, y no tienen ningún derecho social. Para colmo, muchos firman recibos salariales de más de 1.000 pesos pero luego reciben 500.

Por tal motivo, en la última semana de agosto se realizará, en la provincia de Santiago del Estero, un nuevo encuentro nacional para organizar la movilización al Congreso de la Nación y al Ministerio de Trabajo en donde presentarán sus reclamos.