Será su última actuación en las causas de delitos de lesa humanidad. El renunciante juez federal Nº 1 Jorge Parache durante los últimos cuatro días (hasta el 31 de mayo próximo) que le quedan como magistrado decidirá si procesa o no por primera vez por el delito de genocidio al represor Antonio Domingo Bussi.

En la esperada resolución, Parache también incluiría a Luciano Benjamín Menéndez (ex jefe del III Cuerpo del Ejército), Mario Alberto Zimmerman (fue jefe de Policía entre abril de 1976 y junio de 1977), y a Alberto Luis Cattáneo (ex jefe del Destacamento 142 de Inteligencia y coordinador de la denominada Comunidad de Servicios de Inteligencia). Los cuatro represores ya pasaron por las indagatorias y en ellas solamente abrieron la boca para negar todos los hechos imputados en el marco de la megacausa en la que se investigan todos los delitos que constituyeron genocidio contra cientos de víctimas que fueron detenidas y fusiladas en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga que funcionó como un Centro Clandestino de Detención durante la última dictadura militar. Este expediente está encabezado por la desaparición de Julio César Campopiano, un joven poeta de 18 años que fue secuestrado el 22 de octubre de 1976.

El 31 de mayo será el último día de trabajo de Parache al frente del juzgado Nº 1 tras su renuncia (que fue aceptada por el presidente Néstor Kirchner) para evitar que se inicie un proceso de destitución en su contra por presuntas irregularidades en la tramitación de causas de bonos del default, aunque ahora sigue involucrado en un expediente penal. Y en su lugar asumirá como juez subrogante Daniel Bejas, quien fue designado el miércoles pasado por el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Parache fue quien procesó con prisión preventiva a Bussi en la primera causa reactivada en la provincia (por el secuestro y desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse) el 15 de octubre de 2003. Ahora, el cambio de magistrado también generó incertidumbre en familiares de desaparecidos y dirigentes de los organismos de derechos humanos ante cómo será la postura que adoptará Bejas frente de las cientos de causas de la dictadura que todavía esperan definiciones camino al juicio oral y público. En estos momentos, paralelamente a la resolución por el delito de genocidio (que resolverá Parache), está pendiente una definición respecto al arresto domiciliario en Buenos Aires a favor de Bussi, cuestión que está en manos de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

Informe: Primerafuente, portal de noticias de la Asociación de Prensa de Tucumán (APT-CTA)