En ese marco, la declaración final del encuentro apuntó a quienes “en forma permanente obstaculizan, retrasan o impiden el avance de las causas de juzgamiento a los responsables de los crímenes de lesa humanidad”; además repudiaron “la designación arbitraria de jueces y funcionarios que - a 30 años de la dictadura- garantizan la continuación de la impunidad” y, en ese contexto, citaron los caso de los fiscales generales del Chaco, Carlos Flores Leyes y Roberto Domingo Mazoni, y del actual ministro de Gobierno de Formosa, Lorenzo Elvio Borrini, del subsecretario de Información Pública de Formosa, Darío Alcides Solís, todos ellos imputados en crímenes de lesa humanidad.

También exigieron que se terminen los privilegios a los represores, y citaron el caso del genocida Jorge Eusebio Rearte, Ex jefe de Operaciones del Area de Seguridad 234 (Formosa) beneficiado con la excarcelación.

Durante el encuentro, se indicó que faltas “políticas efectivas de comunicación, formación e información que instalen la problemática de los Derechos Humanos como un tema relevante de toda la sociedad en su proceso de construcción democrática y solidaria”. Por ello es que se solicitó que “se haga efectiva la inclusión en las curriculas de todo el sistema educativo de contenidos específicos de defensa y promoción de derechos humanos, con participación de organizaciones que -por su trayectoria- garanticen la idoneidad de los docentes a cargo de estas tareas”.

El tercer punto de la declaración da cuenta de la precariedad de las condiciones de trabajo de los organismos de derechos humanos, que “con su sacrificio y perseverancia” han permitido que se la recopilación para las investigaciones por crímenes de lesa humanidad y genocidio con “pruebas, testimonios y sistematización de datos”. En ese sentido, clamaron por “una política de financiamiento para el sostenimiento de las causas, la constitución de archivos y la instalación de espacios de la memoria”.

Asimismo, citaron dos casos emblemáticos de impunidad. Primero, el Caso Virasoro -que trata sobre la desaparición de los dirigentes de FATRE, Neri Pérez y Marcelo Peralta- ambos trabajadores rurales vinculados al Establecimiento Las Marías, en el que la Coordinadora demanda la búsqueda “de los responsables y exige enfáticamente protección a querellantes, testigos y organismos involucrados, que lograron después de la inhibición de quince conjueces, imponer la instalación de la causa. También apoya el pedido de Orlando Pascua, representante de la Coordinadora Provincial de Ex Soldados Combatierntes de Malvinas y secretario adjunto de la CTA Corrientes sobre violaciones a los Derechos Humanos que afectaron a soldados combatientes. Al respecto dijo que “las prácticas denunciadas se inscriben en la metodología sistemática de represión aplicada a militantes populares durante el terrorismo de Estado”.
Con posterioridad a sus deliberaciones esta Coordinadora Exige:

Entre otros pedidos, la Coordinadora de Derechos Humanos Regional NEA Memoria, Verdad y Justicia exigió la inmediata designación de jueces y fiscales en el ámbito de la Justicia Federal; el pedido de destitución de los Jueces de Casación que han sido funcionales sistemáticamente a la impunidad; la implementación del mecanismo de subrogación prevista en el inciso 3ro de la Ley 20581, que preve el nombramiento de jueces de la jurisdicción más próxima atento a la naturaleza de los delitos de lesa humanidad, evitando así la designación de conjueces que no tienen responsabilidad posterior en sus fallos; l protección integral y efectiva a los testigos, querellantes y abogados que intervienen en estas causas; la digitalización de las causas y documentación vinculada; la apertura de todos los archivos del Estado en su accionar represivo durante el Terrorismo de Estado; y la anulación de los indultos presidenciales, más cárcel común a todos los genocidas.

Por último, este espacio resolvió fijar como fecha para el próximo encuentro, la Ciudad de Goya, Corrientes, el día 28 de julio.